La planta de Atanor en San Nicolás cumple seis meses de inactividad tras la explosión en el sector de síntesis de atrazina el pasado 20 de marzo y en pocos días –el 30 de septiembre– vence el acuerdo que firmó la empresa con el Sindicato de Químicos y Petroquímicos por suspensiones. La reapertura de la planta depende de la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente bonaerense, un trámite que se encuentra en proceso desde antes del accidente por varias denuncias de contaminación a lo largo de su proceso de producción.
Desde la explosión, 14 trabajadores del área afectada fueron desvinculados y otros 9 optaron por el programa de retiros voluntarios. El Ministerio de Ambiente bonaerense no tomó una decisión definitiva sobre la autorización para la vuelta de las operaciones y la intranquilidad de los empleados aumenta.
La obtención del Certificado de Aptitud Ambiental es crucial para que Atanor pueda solicitar a la jueza Luciana Díaz Bancalari el levantamiento del cese total de operaciones, permitiendo reanudar actividades en las áreas no afectadas. “Sostener la plantilla de empleados en este contexto es cada día más complicado”, advirtieron desde la compañía.
El acuerdo de suspensión garantiza a los trabajadores el 50% de sus salarios. Pero vence pronto. “Si el escenario no cambia, va a ser muy difícil seguir sosteniendo esto”, amenazaron portavoces de la multinacional.
Ante la premura de los plazos, el sindicato solicitó una reunión urgente con la jueza Díaz Bancalari para encontrar una solución antes de que venza el acuerdo de suspensión, sin respuesta. “Estamos en un estado de angustia total. No perdemos las esperanzas de que esto se resuelva, pero somos conscientes de que el panorama podría empeorar”, lamentaron en el gremio ante una salida que parece cada vez más difícil.
