En un fallo histórico, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenó la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. La orden incluye la emisión de un pedido de captura internacional a través de Interpol con fines de extradición a la República Argentina, donde deberán ser indagados por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Venezuela.
“Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos– a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”, afirmó el tribunal. “Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, añadió el fallo.
El tribunal, en un fallo emitido hoy, resolvió “revocar el punto I del dispositivo del 7 de agosto pasado” y “proceder con la mayor celeridad a recibir declaración indagatoria” a Maduro y Cabello, a quienes acusan de liderar una maquinaria represiva en Venezuela. Se destaca que las violaciones denunciadas incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias que, según los informes presentados, han afectado a miles de civiles desde 2014.
La resolución también ordenó al Juzgado Federal N° 2 que “diligencie de inmediato las órdenes de detención” y que coordine con Interpol para “la captura internacional con fines de extradición”. La acusación se basa en testimonios recolectados a lo largo de varios años y en informes emitidos por organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentan un patrón sistemático de represión en el país caribeño.
El fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, respaldó la petición de la querella, subrayando “la trascendencia y la significancia, a nivel universal”, de esta causa. Según el fiscal, la justicia argentina tiene la facultad de investigar estos crímenes bajo los principios de “complementariedad y subsidiariedad”, en concordancia con tratados internacionales y el Estatuto de Roma, el cual habilita a la jurisdicción argentina a actuar cuando los países de origen no avanzan en las investigaciones.
En este sentido, los jueces señalaron que “la legislación local es receptiva” para subrogar a la justicia venezolana frente a denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos que quedaron marginadas en sus instancias naturales. El fallo enfatiza la urgencia de la medida debido a “la jerarquía de los derechos vulnerados”, y resalta la necesidad de avanzar con celeridad para evitar que los delitos queden impunes.
El tribunal también abordó los informes de organismos internacionales que detallan el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro desde 2014. Los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, emitidos en 2020, 2021 y 2022, fueron considerados clave para avanzar en el procesamiento de los imputados.
La orden de captura contra Maduro y Cabello es un paso sin precedentes en la justicia argentina, y abre la posibilidad de que ambos líderes enfrenten un proceso judicial fuera de Venezuela. No obstante, la ejecución de las órdenes de detención dependerá de la cooperación internacional, dado que Venezuela no reconoce la legitimidad de estos procesos judiciales. Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte del gobierno venezolano en relación con la resolución de la justicia argentina.
El fallo de la Cámara también incluye la acumulación de nuevos hechos denunciados recientemente, como las desapariciones de 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental (UNE) y la ejecución de 749 manifestantes durante las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Estos delitos fueron vinculados a las acciones represivas del gobierno, lo que refuerza la acusación de crímenes de lesa humanidad.
Los jueces dejaron en claro que la investigación en curso no se limita solo a los dos principales líderes del régimen, sino que se extiende a otros funcionarios y personas vinculadas a la estructura represiva venezolana. A medida que avance la causa, se espera que se sumen nuevos imputados a la lista de los procesados.
La reacción en la oposición venezolana
En diálogo con El Cronista, Elisa Alejandra Trotta Gamus, fundadora de la organización no gubernamental, Alianza por Venezuela y que fuera nombrada, en 2019, por la Asamblea Nacional de Venezuela como embajadora del gobierno interino, declaró: “Es un logro de las víctimas, que con mucho coraje han dado sus testimonios y persisten en la búsqueda de esa justicia que ha sido denegada en Venezuela, para que de una vez por todas los perpetradores paguen por los crímenes cometidos”.
Según la diplomática opositora, “esta decisión de la Justicia argentina también envía un fuerte mensaje a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de que ya es la hora de actuar y tomar las medidas que corresponden para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.”
