El Gobierno oficializó este miércoles a través del Boletín Oficial el decreto firmado por el presidente Javier Milei, que coloca a Aerolíneas Argentinas S.A. “sujeta a privatización”. La medida, enmarcada en el artículo 9 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, fue anticipada la semana pasada tras los paros que afectaron el servicio de la compañía estatal en septiembre.
El decreto 873/2024, que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, dejar de financiar el déficit de una compañía ineficiente”. Esta declaración resuena con la postura del Gobierno de liberar al Estado de la carga financiera que implica Aerolíneas, una empresa que, según ellos, viene operando bajo parámetros alejados de la lógica de mercado.
Los números detrás de la decisión
Los considerandos del decreto presentan un diagnóstico claro: la dotación de pilotos en Aerolíneas es desproporcionada. Se menciona que la empresa cuenta con 1.107 pilotos para una flota de 81 aeronaves activas, lo que arroja una relación de aproximadamente 14 pilotos por avión, un número elevado en comparación con los estándares globales de la industria.
El argumento económico es contundente. Desde la reestatización de la compañía, el Tesoro Nacional ha debido aportar cerca de 8 mil millones de dólares para cubrir el déficit operativo. Esta cifra es central en la retórica oficial, que busca justificar la privatización en un contexto de limitación fiscal. El comunicado oficial apunta a los índices de pobreza e indigencia –52,9% y 18,1%, respectivamente–, y subraya que el Tesoro Nacional “no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes”.
Se espera un nuevo paro de pilotos de Aerolíneas para este miércoles
Mientras el Gobierno avanza con el proceso de privatización, los gremios continúan con sus reclamos. Este miércoles, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevará a cabo una medida de fuerza en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos (Cefepra), en Ezeiza. Los instructores afiliados al gremio no trabajarán durante 24 horas, aunque esta protesta no afectará los vuelos.
Este paro difiere de las acciones anteriores por dos razones principales. En primer lugar, no impactará directamente en la operación de los vuelos, según indicó Juan Pablo Mazzieri, vocero de APLA. En segundo lugar, los pilotos no estarán acompañados por el gremio de los Aeronavegantes, liderado por Juan Pablo Brey, quien forma parte del Comité Directivo de la CGT.
La posición de la CGT y el conflicto de fondo
La ausencia de los Aeronavegantes en esta medida es significativa. Mientras APLA sigue adelante con su protesta, Brey decidió no plegarse. Este distanciamiento quedó en evidencia tras la reunión mantenida entre representantes de la CGT y el Gobierno el lunes pasado. Si bien no hubo resoluciones concretas, el conflicto de Aerolíneas Argentinas fue uno de los puntos centrales de la discusión, junto con la reforma laboral.
En este contexto, APLA lanzó su medida de fuerza. Según fuentes del sector, el impacto será limitado, ya que solo unos 20 pilotos perderán su turno en los simuladores, retrasando la renovación de sus licencias semestrales. Sin embargo, esta movida parece más orientada a mantener la presión política que a generar un cambio operativo inmediato.
“Los Aeronavegantes no somos parte del paro, no nos plegamos. Es una medida exclusivamente de APLA”, aclararon voceros de Brey, para diferenciarse, al tiempo que revela el delicado equilibrio sindical que rodea el conflicto en Aerolíneas Argentinas
Fuente: perfil.com
