El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este lunes el decreto Nro. 2136 a través del cual amplía las partidas presupuestarias para el Poder Judicial por 5.270 millones de pesos. Se trata de los fondos que había comprometido la semana pasada el gobierno, para pagar aumentos retroactivos a empleados del sector. Así se lo habían hecho saber los ministros de Economía, Pablo Olivares; y de Gobierno, Fabián Bastía, a la Fiscal General, María Cecilia Vranicich. La funcionara había solicitado una audiencia para plantear los reclamos que viene formulando – en su caso- el personal del MPA, pero que son coincidentes con los que también sostiene el resto de los trabajadores de Tribunales.
El menú de demandas tiene que ver con la firma demorada de decretos para designaciones, ascensos y promociones; y con los aumentos retroactivos que se adeudan desde mayo. Tras aquel encuentro, los funcionarios dijeron que se evaluaría “caso por caso” la eventual firma de los decretos mencionados, pero sí confirmaron que “en los primeros días de noviembre”, los recursos serían girados para poder cancelar los retroactivos.
El decreto
El texto publicado este martes lleva las firmas del gobernador, del ministro Olivares, y del de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni. Es escueto -sólo tres artículos; de ellos, dos de forma- y sólo consigna que los recursos habilitados “permitirán atender parcialmente la política salarial aprobada para el presente ejercicio para el Poder Judicial”.
Los aumentos retroactivos se adeudan desde mayo; incluyen junio, julio y agosto, con incidencia en el medio aguinaldo. La sumatoria representa, aproximadamente, un aumento del 25%. Pero ello, con una particularidad que no pasó desapercibida la semana pasada en la conferencia de prensa posterior al encuentro con Vranicich. Allí, los funcionarios del Ejecutivo aclararon que los citados incrementos, que ahora el Poder Judicial podrá liquidar gracias a que el Ejecutivo habilitó las partidas respectivas, no derivan de una paritaria provincial.
En la ocasión, Olivares recordó que al igual que todas las decisiones inherentes a la política salarial del Poder Judicial de Santa Fe, los citados retroactivos fueron resueltos en el ámbito nacional. “Esto es producto -dijo Olivares en esa ocasión- de la denominada Ley de Enganche, que sujeta la política salarial del sector en Santa Fe, a lo que se define en el Poder Judicial, pero de la esfera nacional. Esos aumentos se replican aquí”, recordó.
Resta saber ahora, si la decisión del Ejecutivo consumada a través del decreto citado, es suficiente para desactivar las medidas de fuerza que los trabajadores del Poder Judicial de Santa Fe comienza a discutir este martes en asamblea.
Fuente: ellitoral.com
