En efecto, aplazar nuevamente audiencias, suspender los plazos procesales, cargar con mayores gastos a la gente (que ya con sus impuestos sostiene el sistema público y financia los salarios), imposibilitar el ingreso y la continuidad de los diversos procesos que buscan el reconocimiento de derechos, se erigen como graves consecuencias que excluyen a la justicia como servicio esencial para convertirse en una mera tarea más.
Exigimos se priorice el bien común y se eviten adoptar medidas que perjudican a la sociedad.
Exhortamos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que se abstenga de suspender los plazos procesales, se garantice la realización de las audiencias fijadas y la continuidad de dictado de resoluciones, providencias y demás actos jurisdiccionales.
Con idéntico énfasis, requerimos al Poder Ejecutivo provincial la urgente cobertura de vacantes y la firma de decretos que permitan una justicia santafesina de calidad.
