Un nuevo proyecto en el Concejo rosarino reavivó la polémica por los cuidacoches. Mientras surgieron proyectos de diferentes estamentos para la prohibición de estas prácticas extorsivas a los automovilistas, concejales del peronismo intentan reflotar la idea de “regular” a los trapitos en la ciudad.
Se trata de un viejo proyecto que ahora impulsa la concejal del PJ Fernanda Gigliani que les da lugar como trabajadores informales y requiere de control estatal, con uniforme que aporta por el municipio, áreas determinadas y hasta cupos por género.
De acuerdo a la iniciativo los pagos serían voluntarios y se les ofrecería “cursos de capacitación” para poner un manto de legalidad sobre una actividad que ha generado múltiples inconvenientes en las calles y que pone de rehenes a los conductores cada vez que quieren estacionar.
El proyecto rápidamente cosechó críticas a todo nivel. Por su parte, el concejal del PRO Carlos Cardozo rechazó de raíz la iniciativa y recordó que presentó un proyecto junto a su par de la UCR Anahí Schibelbein, para avanzar en la prohibición de los “trapitos” al menos durante eventos masivos, que son puntos de inflexión y donde mayor cantidad de extorsiones se dan.
La idea era que el Ejecutivo realice convenios con el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial para prohibir la presencia de trapitos en los eventos culturales masivos, teniendo en cuenta el incremento en las denuncias por disturbios, agresiones y extorsiones de cuidacoches en diferentes sectores de Rosario. Sin embargo, ese proyecto aún sigue en carpeta.
“No estamos de acuerdo, si bien ha habido experiencias positivas como el bono para estacionar en torno a Colectividades y la cooperativa en La Florida preferimos que sea sin percepción de ningún tipo”, dijo Cardozo.
A su vez, en la Legislatura Provincial se encuentra en debate otro proyecto similar, en este caso bajo la autoría del diputado provincial Walter Ghione, que habilita a la policía a detener cuidacoches sin la necesidad de una denuncia específica de un particular.
Vale destacar que por el momento la iniciativa tuvo dictamen en las comisiones de Derechos y Garantías y Seguridad y este miércoles se tratará en la comisión de Gobierno, encaminándose a lograr una media sanción, para luego pasar al Senada.
En ese sentido, el concejal Cardozo se mostró esperanzado en que esa eventual Ley aporte nuevos elementos para combatir estas prácticas y puntualizó: “Si avanza, la policía tendrá las herramientas para sacar a estos tipos de las pestañas, porque podrá actuar de manera preventiva. Hemos dado un paso adelante”
En otro orden, el diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni, mostró su proyecto para ir un poco más allá y tipificar como delito en el Código Penal la actividad. “Regular los trapitos es idiota y cómplice. No es un trabajo”, esgrimió.
Asimismo, agregó en su cuenta de X: “Es, en el mejor de los casos, una apropiación temporal del espacio público y, en el peor de los casos, una extorsión (dinero a cambio de no dañar tu auto)”.
En el texto, el proyecto ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación dice: “Aquel que en la vía pública brindase o manifestase brindar u ofreciera o manifestase ofrecer servicios de estacionamiento o cuidado de coches, sin la debida autorización estatal, será reprimido con prisión de un mes a dos años”.
“Si lo llevare adelante mediante violencia, amenaza o cualquier tipo de intimidación, o mediante actos extorsivos, o exigiere retribución económica alguna, o actuare en banda, en forma tal de hacer sentir coaccionada a la persona a la cuál se dirige, será reprimido con pena de prisión de uno a seis años. Cuando existiere previa organización, la sanción se elevará al doble para el organizador”, continúa el articulado.
