El presidente Javier Milei emitió cuatro decretos con el objetivo de seguir incrementando los controles sobre los gastos de las 62 universidades nacionales de todo el país, los cuales se publicaron este viernes en el Boletín Oficial.
Estos obligan a utilizar los sistemas de contrataciones que usa la administración pública nacional, además de eliminar la posibilidad de hacer convenios directos con universidades, salvo casos específicos.
Estas medidas modifican la normativa sobre compras, contrataciones y transparencia en el presupuesto en universidades públicas; enmarcándose en el objetivo de Milei de auditar los gastos de estas instituciones y continuar con el ajuste fiscal que continúa ejecutando la Casa Rosada.
Fuentes oficiales indicaron que los motivos no son otros que “garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante normas y sistemas unificados”. “Se busca fomentar la neutralidad y minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas”, afirman.
Aunque varía el grado de acuerdo que tienen según la política pactada, el Consejo de Rectores del CIN (que engloba a las 62 casas de estudios nacionales) fue notificado previamente sobre el tema y formó parte de algunas charlas informales. “No vamos a tener ningún problema en respetar lo que requieren estos decretos”, afirman.
Aun así, avisan que darán algunas sugerencias en las charlas técnicas con el Gobierno sobre ciertos apartados. Esto es compartido por la agrupación de rectores, aunque hay universidades que tienen divergencias. La Universidad de Buenos Aires (UBA) puede ser una de las que se oponga en mayor medida a algunas de las nuevas obligaciones, presumen desde el Gobierno.
Universidades: qué dicen los nuevos decretos de Milei
El Gobierno Nacional emitió dos decretos simples y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que en la próxima edición del Boletín Oficial será respaldado por uno reglamentario que tiene un carácter operativo y realiza adecuaciones normativas para implementar los cambios introducidos.
Los primeros dos tienen temáticas similares: buscan que las universidades abandonen sus sistemas de contrataciones y administración de sus compras y de recursos, todo esto con el objetivo de que comiencen a usar los de la administración pública nacional.
El primer decreto obliga a las casas de estudio a utilizar los sistemas COMPR.AR (bienes y servicios) y CONTRAT.AR (obra pública). Esto es algo que algunas Universidades ya hacen. Se estima que son un total de 35, aunque hay unas de vital importancia en ese ecosistema, como la UBA, que no lo practican. “Esto atenta contra la transparencia y la debida rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos”, afirman desde el Gobierno.
La segunda norma les impone el uso del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), que depende de la Secretaría de Hacienda e impone un control exhaustivo sobre los gastos.
Al respecto, tanto desde la Secretaría de Políticas Universitarias como del Ministerio de Desregulación -dos carteras que estuvieron atrás de estas reformas, junto a Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones- afirmaron que es establecer un cronograma común con los rectores para hacer el pasaje progresivo de las casas de estudios restantes. Aun no hay un plazo específico para que esto ocurra.
Si alguna se opone, afirman que aparece como opción segura la de cortar ciertos programas que dependen estrictamente de Alejandro Álvarez como los fondos de doctorado. En casi la totalidad de las casas de estudio no muestran una oposición tajante, pero afirman que tienen sistemas como Universidades Compran que cumplen bien su rol. También está el Pilagá, el equivalente al e-SIDIF: la diferencia está en que el primero no publicita pagos y el segundo sí. Todo eso formará parte de las charlas técnicas.
El tercer decreto elimina la posibilidad de contrataciones directas entre reparticiones públicas y universidades, salvo que estas acrediten ser el único proveedor disponible.
“Esta medida termina con un privilegio irrazonable que atentan contra el interés público y la transparencia en las compras públicas. Esta medida también aplica a efectores de la economía social, conforme al mismo artículo. El objetivo es impulsar el desarrollo de empresas privadas y fomentar la competencia”, afirmaron en el gobierno.
“Es una decisión política del Gobierno”, dicen desde el CIN, quienes van a respetar la medida, pero no coinciden con que el cambio hacia un modelo de licitaciones públicas vaya a ser óptimo. “Ya vivimos una época en donde al no poder contratarse convenios con las universidades proliferan consultoras que ganan licitaciones por un precio mayor y subcontratan a nuestros profesores por un precio más bajo”, indican.
Por su parte, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, afirman que detectaron más de 2000 convenios entre 2022 y 2023. “Algunos tienen objetivos loables. Pero está claro que varios tienen irregularidades: se hacían pagos por consultorías y en realidad se tercerizaban servicios y cobraban un canon”, denuncian.
