Para quienes conducen las cerca de 70 universidades de todo el país, llegar a diciembre con las instituciones abiertas y en funcionamiento resultó ser un logro porque, antes de la masiva marcha del 24 de abril que puso en jaque la motosierra libertaria, las condiciones para garantizar la cursada no estaban garantizadas.
Álvarez, por su parte, usó ese aire televisivo para terminar de consolidar su lugar como interlocutor directo con el Presidente. El dirigente, que viene del peronismo y se presentó como un cruzado contra el funcionamiento del sistema universitario, será en 2025 otra vez el rostro de un modelo de ajuste que tendrá nuevamente un presupuesto prorrogado.
Lo que viene
Rectoras y rectores acordaron en su plenario del CIN un pedido de $7,2 billones para garantizar el funcionamiento en 2025, pero en el proyecto de Presupuesto que no se llegó a tratar en las sesiones ordinarias por falta de acuerdos, el Gobierno estableció que sería poco más de la mitad: 3,8 billones de pesos.
Se trata de una diferencia abismal que deja abierta la incógnita del porcentaje de esos fondos totales se destinarán para los primeros meses de 2025. Estos $3,4 billones entre lo reclamado y lo presupuestado por Milei, abre una escenario de inevitable conflicto que estallará más temprano que tarde en el cronograma anual. Con la intención de no paralizar el inicio de clases, la estrategia universitaria es volver a generar instancias de diálogo con Álvarez.
Con la paralización de obras en algunos casos, y menor oferta académica en otros, las instituciones van sorteando el día a día, pero no descartan volver a discutir en el Congreso una nueva ley de financiamiento universitario. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA avanza en una propuesta, bajo la idea de que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante para que sea la voluntad popular la que defina la aplicación de esa norma. La iniciativa fue aprobada en el consejo directivo.
Con este escenario, sigue activo el Frente Sindical de Universidades Nacionales en la que confluyen todos los gremios que representan a los docentes y no docentes y se consolida la mesa compartida también con rectores y rectoras y dirigentes de las federaciones estudiantiles. Este armado tripartito tiene como objetivo en 2025 garantizar las condiciones para que las universidades sigan abiertas, pero también que haya una recomposición salarial para sus trabajadores y trabajadoras.