La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) creada por Javier Milei tendrá un rol clave en la licitación para la privatización del dragado y balizamiento de la hidrovía. En medio del lobby de las empresas que pugnan por la concesión, el megaorganismo avisó que la ganadora deberá instalar un sistema moderno de monitoreo, control y vigilancia del navegable troncal.
El mandato de Arreseygor al frente de la ANPYN se extenderá por cuatro años con jerarquía y sueldo equivalentes al de un secretario de Estado.
Inicialmente, la ANPYN tendrá que asumir la concesión transitoria de la Vía Navegable Troncal (VNT); terminar el proceso licitatorio y adjudicar el dragado y balizamiento con peajes de la hidrovía a un operador privado; controlar el cumplimiento del nuevo contrato de concesión; y definir el destino de las terminales y los negocios inmobiliarios del Puerto de Buenos Aires.
Según lo que establece el pliego licitatorio, el sistema de modernización comprenderá “un conjunto de instrumentos tecnológicos integrados que promuevan el incremento en la seguridad, la eficiencia operativa y la incorporación de la tecnología digital en las ayudas a la navegación, respondiendo a las demandas presentes y futuras de la navegación electrónica (e-navegation)”.
Entre otras obligaciones contractuales, la futura concesionaria deberá “incrementar las capacidades de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos, a través de la ampliación de la red de puntos de monitoreos remotos y de impacto ambiental y la incorporación de nuevas funcionalidades al software de monitoreo y control de la VNT”.
Plataforma de control y gestión de la hidrovía
La nueva plataforma de control y gestión tendrá que contar con “un servicio de recepción satelital de datos AIS y disponer de la infraestructura correspondiente para el cómputo y almacenamiento en la nube requerida para una adecuada operación y respaldo de los datos de monitoreo de la VNT”.
Esta plataforma, del tipo River Information System (RIS), deberá cumplir con estas tareas y funciones:
- Monitoreo de buques.
- Información de clima y pronóstico satelital.
- Relevamientos hidrometeorológicos.
- Seguimiento de flotas.
- Incorporación de datos batimétricos.
- Manejo de herramientas de geocercos para el control de entradas y salidas en canales y puertos.
A esta lista se agregan: el monitoreo con radares, la incorporación de cartas náuticas digitales, radioavisos, sistemas de alerta temprana de accidentes y la planificación integral de la navegación para garantizar la seguridad y minimizar demoras e interferencias en los cruces de buques.
La modernización tecnológica también prevé sumar 10 boyas multiparamétricas para completar la red de monitoreo ambiental e hidrometeorológico, elevar de 53 a 63 la cantidad de hidrómetros e instalar un nuevo sistema de comunicaciones de misión crítica troncalizado y de video vigilancia de largo alcance.
Privatización del dragado y señalamiento
El pliego de bases y condiciones contempla volver a privatizar el dragado y señalamiento de la hidrovía bajo el fégimen de peaje y sin subsidios del Estado.
Los oferentes tendrán que demostrar que cuentan con un patrimonio neto superior a los a u$s300 millones y una facturación mínima anual de u$s450 millones.
En el renglón correspondiente a la parte técnica deben acreditar haber ejecutado en los últimos diez años una obra de dragado de un volumen mínimo de 15 millones de metros cúbicos con equipos propios. Además, deben contar con un parque mínimo de seis dragas de succión que tengan una antigüedad inferior a los 30 años.
A los que cumplan con estos requisitos, les abrirán los sobres con los planes de obras y las tarifas de peaje que quieren cobrar. Para el análisis de las ofertas, la ANPYN utilizará un sistema de puntaje en el que el 60% corresponderá a la propuesta económica y el 40% restante a los antecedentes económicos y técnicos.
De esta manera, se impondrá la oferta “más conveniente y de mayor calificación”, pudiendo quedar relegada aquella que contenga la tarifa más baja, pero con menos respaldo de antecedentes que otras.
Las reglas de juego de la licitación no fijan un programa detallado y preciso de las obras y trabajos que se deben realizar a lo largo de la concesión, que abarca un período inicial de 30 años con la posibilidad de una prórroga por otras tres décadas más.
Quedará a cargo de la nueva operadora privada tanto el armado de los planes de obras que permitan alcanzar los objetivos establecidos para cada etapa de la concesión como la realización de los estudios de impacto ambiental que sean necesarios para la mejora y ampliación del corredor navegable.
