Cuando se anunció la nueva regulación, se esperaba que los precios bajaran y la oferta creciera. Sin embargo, solo se cumplió la segunda parte: inmuebles destinados antes al alquiler temporario comenzaron a ofrecerse para vivienda habitual. Esa reconversión elevó la disponibilidad, pero no generó el alivio económico previsto, y los valores de los contratos se mantuvieron estables e incluso repuntaron en algunos casos. Se informó con adecuada anticipación al sector inmobiliario.
Además, los inquilinos comentan que, para afrontar gastos como el alquiler, expensas, servicios y tarjetas de crédito, deben solicitar préstamos personales. Este recurso temporal convierte la deuda en una carga pendiente hasta que llegue supuestamente una mejora económica. “La bicicleta financiera, basada en aplazar pagos con nuevo crédito, sostiene el sistema de alquileres pero prolonga la vulnerabilidad familiar”, sostuvo Emmanuel Canelli, Presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario.
Canelli advierte que el actual modelo económico se sostiene gracias al acceso al crédito. Si ese flujo se interrumpe, la imposibilidad de obtener préstamos agravará la crisis habitacional y podría dejar a numerosos inquilinos sin capacidad de pago. En ese escenario, muchas familias se enfrentarían a desalojos y a la falta de una alternativa viable de vivienda.
Frente a esta realidad, la Asociación de Inquilinos de Rosario solicita la intervención del Estado como árbitro en las relaciones contractuales. Canelli remarca la necesidad de establecer mecanismos que regulen los aumentos, faciliten el acceso a garantías y garanticen políticas de crédito responsable. “Sin un techo seguro y un marco normativo sólido, el mercado de alquileres seguirá generando tensiones y desigualdad”, concluye el dirigente.
