El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dictó este miércoles la prisión preventiva por 90 días contra el magistrado Marcelo Bailaque, acusado de haber cometido diversos delitos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la medida no podrá hacerse efectiva de forma inmediata debido a que la ley de fueros impide encarcelar a un juez sin una autorización previa del Consejo de la Magistratura.
Además de la prisión preventiva, el juez de Garantías dispuso la inhibición general de bienes de Bailaque por 1.500 millones de pesos y la inmovilización de sus cuentas bancarias, salvo la correspondiente a su salario. También le prohibió salir del país sin autorización judicial.
La audiencia se desarrolló a lo largo de toda la jornada en Rosario, donde los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra (Procunar) y Juan Argibay Molina (Procelac) imputaron a Bailaque por al menos tres causas en las que habría incurrido en delitos como extorsión, prevaricato, falsificación de documento público y allanamiento ilegal.
Según los fiscales, el magistrado está implicado en el manejo irregular de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, en la obstaculización de investigaciones vinculadas al narcotraficante Esteban Alvarado, y en el presunto armado de una causa con fines extorsivos contra un empresario rosarino.
Durante la audiencia, Bailaque optó por declarar sin aceptar preguntas y negó rotundamente todas las acusaciones. Argumentó que su actuación en los expedientes cuestionados fue transparente, y aseguró que no tuvo vínculos con Alvarado ni con su entorno. También negó conocer que su contador en ese momento, Gabriel Mizzau, fuera también el contador del narcotraficante.
Los fiscales, sin embargo, consideraron que existen pruebas suficientes para acreditar los delitos y que la libertad del magistrado podría poner en riesgo el proceso judicial, ya que aún tiene injerencia sobre los expedientes y el personal del juzgado, quienes podrían ser testigos clave en la causa.
En ese sentido, el juez Rodrigues Da Cruz coincidió con los argumentos de la fiscalía y sostuvo que existe un “claro riesgo procesal” si Bailaque continúa en libertad. Señaló que no hay medidas menos gravosas, como la prisión domiciliaria, que puedan garantizar el normal desarrollo del proceso penal.
No obstante, la medida no podrá cumplirse de inmediato. La ley 25.320 impide detener a un juez federal sin autorización del Consejo de la Magistratura, por lo que la resolución fue comunicada a ese organismo para que defina si le retira los fueros.
La resolución judicial se convierte así en un llamado de atención para el Consejo, que deberá definir si inicia un proceso disciplinario contra Bailaque que podría derivar en su suspensión o remoción.
En su defensa, el magistrado recordó que dictó tres procesamientos con prisión preventiva contra Esteban Alvarado y sostuvo que su accionar siempre estuvo en línea con la legalidad. “No me pueden asociar con el mundo narco, no tengo absolutamente nada que ver”, dijo Bailaque en su descargo final.
