El decreto 0890 amplía en $ 800 millones el presupuesto del MPA mientras que por el decreto 0897, son otros $ 320 millones los habilitados.
Ambos instrumentos son firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares. El primero está destinado a lo penal juvenil y el segundo para atender investigaciones sobre violencias lesivas.
Las partidas habían sido solicitadas oportunamente por la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, especialmente la vinculada a la entrada en vigencia, el próximo 21 de junio, de la Ley N.º 14228 que regula el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo.
A partir de esta modificación, serán fiscales los que llevarán adelante la investigación como ocurre con el resto del sistema procesal penal santafesino. También la Defensa Pública actuará a partir del 21 del mes próximo.
Personal e infraestructura serán los destinos de la partida presupuestaria. La nueva justicia penal juvenil seguirá funcionando en los nueve lugares donde lo vienen haciendo con juzgados de Menores que perderán tal categoría. Santa Fe, Rosario, Reconquista, Villa Constitución, San Lorenzo, Tostado, Venado Tuerto, Casilda y Rafaela son lugares donde habrá fiscales y jueces que controlen la legalidad de los procedimientos. En el MPA se indicó que en seis de esos nueve lugares están en marcha las licitaciones para alquilar inmuebles para el funcionamiento a lo que hay que añadir todos los costos de asentamiento: muebles, conexiones a internet, computadores, impresoras, etc.
El otro aspecto es el de personal que pasa desde el Poder Judicial al MPA. Son funcionarios que vienen cumpliendo tareas en los juzgados de Menores y que la ley dispone el pase al Ministerio. Son 96 cargos, se indicó de los cuales 14 están vacantes.
Además, el Poder Ejecutivo deberá elevar a Legislatura una serie de pliegos de futuros fiscales para menores, nombres que la Corte Suprema de Justicia validó en una acordada que venía siendo conversada con autoridades del MPA y del Ministerio de Justicia y Seguridad.
El proceso penal juvenil tiene como objetivos fundamentales “la reintegración social de la persona menor de edad, la restauración de la paz social y la reparación del daño ocasionado por el delito. Se procurará la plena participación voluntaria de la víctima, del agresor y de cualquier otra persona o miembro de la comunidad que haya sido afectado por la comisión del delito, recurriendo a instancias de diálogo, reflexión, mediación, conciliación que favorezcan la responsabilización de la persona menor de edad y el consenso de soluciones al conflicto, siempre recurriendo a lenguaje comprensible”, dice el artículo 3 del Código.
Agrega que “la desjudicialización, la promoción de medidas no punitivas de abordaje del conflicto y de soluciones alternativas a la pena, se priorizarán frente a la promoción o prosecución del proceso penal cuando tuviere sólo como perspectiva la aplicación de una pena, resguardando siempre los derechos de las víctimas del delito consagradas en el ordenamiento jurídico”.
El Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Justicia y Seguridad así como Igualdad y Desarrollo Humano; la Corte Suprema de Justicia y el MPA vienen manteniendo reuniones periódicas para ajustar la entrada en funcionamiento del sistema.
La ley dispone que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los espacios de alojamiento para el cumplimiento de las medidas cautelares y a cargo de personal especialmente capacitado y con enfoque interdisciplinar.
El artículo 65 de la ley habla sobre la disolución de órganos y traspaso de recursos. “Los juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores y todos los órganos que cumplan funciones en relación a la justicia penal de menores quedarán disueltos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Todos los cargos cubiertos y/o subrogantes y/o vacantes de funcionarios y empleados que integran estas estructuras judiciales, las Asesorías de Menores dependientes del Ministerio Público Fiscal y el personal administrativo, de mantenimiento y producción y de servicios generales dependientes de los mismos, serán traspasados de pleno derecho y de manera inmediata conjuntamente con sus respectivos cargos, aún cuando no se encuentren cubiertos y/o se estén subrogando y/o estén vacantes y las partidas presupuestarias asignadas, a las estructuras judiciales correspondientes”.
Fuente: El Litoral
