
El Gobierno de Santa Fe prepara un proyecto de ley para que contar con la autorización para tomar un préstamo por mil millones de dólares, con el objetivo de sostener su ambicioso programa de obras públicas en materia de infraestructura vial, hidráulica y sobre los servicios públicos en manos de empresas estatales. Es porque, tal como había advertido el gobernador Maximiliano Pullaro en su discurso de inicio del período ordinario de sesiones del 1ro de Mayo, se advierte una brusca caída en los recursos que provienen del gobierno nacional.
La información sobre el envío de una norma especial de autorización a la Legislatura fue comentada por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico. También expuso el monto del préstamo a tomar: “Mil millones de dólares”.
El funcionario dijo que “por supuesto, la caída de los recursos nacionales está impactando en la obra pública, así como impacta en todos los ministerios” del Estado Provincial. “Nosotros tenemos garantizado que contamos con recursos y flujo de fondos para atender todos los vencimientos de los certificados de las obras que están en ejecución”, explicó y anticipó: “De todos modos, estamos preparando un proyecto de ley de autorización para tomar endeudamiento de corto plazo para seguir con todo el programa de obras previstas”.
Todo indica que junto al mensaje del Poder Ejecutivo Provincial sobre el o los préstamos a tomar, la administración de Pullaro buscará explicar que se debe a cambios en el flujo de recursos nacionales que se recurrirá a la financiación.
Hasta aquí, lo que se sabe es que van a sucederse primero reuniones de ministros con diputados y senadores para aunar discursos puertas adentro del oficialismo y que habrá un proyecto de ley en cuestión de días. La operación se haría bajo el concepto de “endeudamiento de corto plazo” para no dañar el ritmo de obras de las que están en marcha, ni postergar las que está previsto licitar e iniciar este año.
Se sabe: en Santa Fe solo 33% de sus ingresos provienen del Estado santafesino, por vía de su propia recaudación impositiva, sobre todo de Ingresos Brutos. En cambio, el 73% llega de impuestos coparticipables que van a la baja porque la actividad económica cae, y porque la gestión recaudatoria también es menor.