Durante meses, el Estado santafesino transfirió cientos de millones de pesos para garantizar el abastecimiento de los móviles policiales. Pero la nafta no siempre llegaba a los tanques. Una parte, quizás la mitad, se esfumaba antes de tocar el surtidor. El combustible se convertía en facturas falsas, vouchers truchos y dinero en efectivo que circulaba entre escritorios, garajes oficiales y estaciones de servicio fantasmas.
Una red de corrupción que operaba con precisión burocrática fue desmantelada esta semana en Rosario: hay 17 personas imputadas, entre policías de alto rango, empleados administrativos y empresarios ligados a una estación de servicio Puma, donde —según la Fiscalía— se simulaban las cargas de combustible y se armaban los papeles para justificar el robo.
Un sistema aceitado
El circuito estaba tan bien armado que, para muchos, era parte del paisaje. Funcionaba como un engranaje más dentro de la estructura del Estado.
Todo comenzaba con las tarjetas Visa Flota, que el Ministerio de Seguridad entregaba a distintas áreas policiales para que pudieran cargar combustible. Las tarjetas estaban asociadas a móviles oficiales, pero en la práctica circulaban sin control.
Desde agosto del año pasado —según pudo reconstruir la investigación—, una parte de esas tarjetas eran utilizadas para realizar cargas simuladas en la estación “Gas Auto Tiferno S.A.”, ubicada en Ovidio Lagos al 4400, en la zona sur de Rosario. El dato no es menor: la estación estaba cerrada al público, no tenía habilitación vigente, ni tampoco la infraestructura para operar de manera legal.
“Se inventaban los tickets y después se repartía el efectivo”
Lo que seguía era una cadena casi perfecta: los imputados generaban tickets y facturas falsas, que luego se presentaban para justificar los movimientos. La plata, una vez transferida por el Estado, era retirada en efectivo y repartida en sobres entre los participantes del esquema.
Los encuentros, según declaró uno de los detenidos, eran cada 15 días. En un salón dentro del propio garage oficial de la policía, se hacía el “reparto” del dinero. A veces, el efectivo llegaba por delivery: uno de los empresarios lo llevaba en mano hasta el centro de cómputos, donde entregaba los sobres a los encargados de las tarjetas.
“Era un sistema aceitado, todos sabían lo que hacían”, dijo uno de los fiscales.
Un POS en el living de casa
Durante los allanamientos, la Agencia de Control Policial encontró situaciones insólitas. En la casa de uno de los empresarios había una terminal de cobro (POS) que debía estar en la estación de servicio. En otra vivienda, hallaron más de 300 tarjetas Visa Flota, muchas ya vencidas, otras aún activas.
En los vouchers incautados se detectaron cargas manuales, sin validación por código de surtidor, lo que indica que nunca se cargó un solo litro de combustible.
¿Cuánta plata se robaron?
En marzo de este año, el Estado transfirió $379 millones solo a la Policía de Santa Fe para combustible. Según la investigación, al menos $45 millones fueron desviados en ese mes. Y hay registros de operaciones similares que se remontan, como mínimo, a mediados de 2024.
La Fiscalía cree que el daño económico es mucho mayor
Los acusados
Entre los imputados hay:
•Ex jefes de Drogas Peligrosas y del garage policial
•Encargados de las tarjetas
•Administrativos con firma autorizada
•Dueños y empleados de la estación de servicio
Casi todos están detenidos con prisión preventiva por seis meses. Solo una empleada administrativa recibió una morigeración con tobillera electrónica, por cuestiones de salud.
La Justicia avanza
La causa es llevada adelante por el fiscal José Luis Caterina y el juez Hernán Pérez de Urrechu, en el Centro de Justicia Penal de Rosario. En la audiencia, se imputaron los delitos de:
• Asociación ilícita
• Defraudación doblemente agravada al Estado
• Falsedad ideológica
• Cohecho
•Incumplimiento de deberes de funcionario público
La audiencia se extendió por más de cinco horas. En ella se expusieron audios, fotos, documentos y movimientos bancarios. El relato de los fiscales dejó una certeza: la red funcionaba con total impunidad y dentro de las oficinas del propio Estado.
La nafta que no llegó nunca
Mientras los barrios esperan por móviles que patrullen de noche, mientras los combustibles aumentan y las comisarías denuncian falta de recursos, esta causa expone algo más profundo: la pérdida de confianza en la administración pública.
Cada litro que no se cargó fue un recorrido menos.
Cada carga trucha, una mentira al sistema.
Y cada funcionario cómplice, una traición a los que realmente trabajan con vocación dentro de la fuerza.
