El juez federal Marcelo Martín Bailaque fue citado por el Consejo de la Magistratura, que evalúa su desempeño tras haber sido imputado por tres causas penales por corrupción. Deberá comparecer o presentar un escrito el próximo 17 de junio. Por los legajos que pesan en su contra, está con prisión preventiva domiciliaria, aunque sin efecto por gozar de inmunidad debido a su cargo, algo que podría modificarse con el avance de este proceso.
Bailaque fue citado por el artículo 20 del reglamento del Consejo, que es equiparable a una indagatoria en sede judicial. En caso de que no aporte nuevos elementos en su defensa, la Comisión de Acuerdos podría recomendar al plenario del Consejo la apertura de un juicio político y la suspensión del funcionario federal. Para eso, se requerirán dos tercios de los integrantes del órgano encargado de la evaluación del magistrado.
El dictamen, que lleva las firmas de los consejeros Álvaro González y Álvaro Maques, indica que Bailaque “incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial”.
El pasado 19 de mayo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la prisión preventiva del juez, pero consideró que debería cumplirla bajo la modalidad domiciliaria. Si el Consejo de la Magistratura lo destituye al cabo del proceso correspondiente, Bailaque podría quedar detenido con dispositivo electrónico en su casa.
Los fiscales federales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario) señalaron las posibles irregularidades que cometió el magistrado en tres causas puntuales: en el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, en supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, cuyo entramado societario tenía de contador –Gabriel Mizzau– al mismo que le llevaba los números al juez, y por una llamativa intensidad en un legajo contra un empresario que fue denunciado manera anónima y desprolija y terminó perjudicado, se cree, con posible connivencia con personal de la ex Afip y Aduana, en la hoy reconvertida Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
