El juez federal de Garantías Marcelo Martín Bailaque presentó su renuncia al cargo este martes por la tarde, una semana antes de su citación ante el Consejo de la Magistratura, donde debía defenderse por tres graves imputaciones. Actualmente cuenta con prisión preventiva domiciliaria, aunque no se hace efectiva debido a que mantiene sus fueros como magistrado.
Según accedió un medio rosarino, el escrito fue elevado al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, e indica la intención de dejar su cargo a partir del 1° de julio próximo. La renuncia será evaluada por el Ejecutivo nacional, que definirá si la acepta o no.
Las tres causas en su contra incluyen graves irregularidades:
- Vínculos con el narcotráfico: el fiscal Matías Scilabra (Procunar) señaló demoras injustificadas en una causa contra Esteban Lindor Alvarado, narco condenado, cuyo contador, Gabriel Mizzau, también manejaba las finanzas de Bailaque. Se cuestiona que el juez haya denegado medidas claves como intervenciones telefónicas a Rosa Natalí Capuano, exesposa de Alvarado y condenada por lavado.
- Manejo de fondos de una cooperativa portuaria: se acusa a Bailaque de girar mil millones de pesos a una mutual dirigida por su amigo Fernando Whpei, en vez de transferirlos a un banco regulado. Whpei fue imputado la semana pasada y quedó en prisión preventiva por 90 días. El juez omitió declarar su vínculo personal hasta que fue interpelado por la Cámara. “Jamás negué que era su amigo”, respondió.
- Persecución a un empresario: el fiscal Juan Argibay Molina (Procelac) expuso que en 2019, Claudio Iglesias fue objeto de una denuncia anónima y un accionar judicial irregular, con posibles maniobras coordinadas entre el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y directivos de la entonces AFIP. El expediente incluyó allanamientos y medidas arbitrarias, y finalmente terminó con falta de mérito. Uno de los implicados, Carlos Vaudagna, aceptó ser arrepentido y confesó delitos.
Los fiscales federales Scilabra, Argibay Molina y Federico Reynares Solari sostienen que las conexiones entre el juez y actores ligados a causas sensibles constituyen un claro conflicto de intereses, que debió motivar su apartamiento. Aun así, Bailaque continuó interviniendo en esos expedientes.
La situación judicial del magistrado será analizada ahora por el Ejecutivo nacional, mientras el Consejo de la Magistratura evalúa avanzar con el juicio político si no prospera la dimisión.
