PABLO COCOCCIONI

“Los patrulleros dejan de ser remises de los presos”

Se trasladaron 45 internas alojadas en la Comisaría 27ª de Arroyo Seco, departamento Rosario. De este modo, concluyó el vaciamiento de las comisarías de la Unidad Regional II realizado durante esta semana.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó el operativo de traslado de internas alojadas en la Comisaría 27ª de la Unidad Regional II, ubicada en Arroyo Seco. La actividad se desarrolló en la dependencia policial de calle 9 de Julio 297, de esa localidad del departamento Rosario.

En la oportunidad, Cococcioni explicó: “Esto es la culminación del proceso de traslado que iniciamos esta semana, a partir de la puesta en funcionamiento de un nuevo módulo en el Complejo Penitenciario de Rosario. A veces, se producen traslados encadenados: se libera una comisaría, pero también hay un reacomodamiento dentro del propio sistema policial. Atendimos un viejo reclamo del intendente Daniel Tonelli, preocupado por lo que era una especie de mini penal en el medio de la ciudad, con mujeres detenidas en forma permanente; muchas de ellas llevaban meses en el mismo lugar”.

“Las comisarías y las dependencias policiales pueden ser lugares de alojamiento transitorio para detenidos, pero no son un reemplazo del sistema penitenciario. Una vez definida la situación procesal, la persona debe ser trasladada a una cárcel. Hoy estamos cumpliendo con eso y trasladamos a 45 mujeres que estaban alojadas en esta comisaría de Arroyo Seco”, agregó.

Luego destacó que habrá “una nueva distribución de los cupos en toda la Unidad Regional II. Todo el departamento contará con un cupo flotante de 144 plazas”; y que en la comisaría “solo se alojarán detenidos de manera transitoria y de baja peligrosidad, hasta que semanalmente sean derivados al Servicio Penitenciario”. Además, precisó: “Cinco comisarías de Rosario serán puntos de ingreso. Las del centro quedarán para las detenciones en averiguación de antecedentes. Habrá un par destinadas a mujeres, hasta tanto se inauguren más plazas específicas. Todo eso será en Rosario”.

“En Arroyo Seco la capacidad era de 12 detenidos, pero había 45. Estábamos casi cuadruplicando el cupo permitido. Ahora pasa a ser un lugar de alojamiento transitorio, con un máximo de 12 personas, que semanalmente serán trasladadas al Servicio Penitenciario en caso de que deban permanecer detenidas por períodos más prolongados”, señaló Cococcioni.

Y añadió: “De las 45 detenidas que había, cinco tenían comparendos judiciales en distintos horarios. Eso significaba sacar cinco patrulleros de la calle para llevarlas a Tribunales. Replicado esto sobre los 1.700 presos que había en comisarías cuando asumimos, imagínense el daño que le hacía a la seguridad pública: los patrulleros, en lugar de patrullar, estaban de remises de los presos. Y los policías, en vez de brindar seguridad, debían custodiar que las presas no hicieran motines ni se fugaran. Por eso, es personal que se recupera y, de manera indirecta, nos permite fortalecer el sistema de seguridad pública”.

Por su parte, el intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli, remarcó: “Era todo un problema, incluso el régimen de visitas. El hecho de que esto ocurra responde a un pedido que le habíamos hecho al gobernador Maximiliano Pullaro. Para nosotros es una tranquilidad, porque sabemos que habrá más personal policial dedicado a la seguridad pública en nuestra ciudad”.

Vaciamiento de comisarías

Esta semana, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha el operativo de vaciamiento definitivo de presos en comisarías de la ciudad de Rosario, con el correspondiente traslado de internos hacia la flamante Subunidad 4 del Complejo Penitenciario Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800.

El pasado martes, el gobernador Maximiliano Pullaro y funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad dejaron inaugurados cuatro pabellones con 160 celdas y 320 plazas, que conforman esa nueva subunidad dentro del CPR, con una inversión superior a los $ 8.200 millones.

Esta obra penitenciaria es una pieza clave de la política de seguridad del Gobierno provincial, ya que permite recuperar la operatividad de la Policía en las calles, dado que los efectivos dejan de custodiar presos en las comisarías para pasar a tareas de prevención y patrullaje.