- Demoras injustificadas en el avance de causas sensibles.
- Falta de impulso procesal en expedientes con fuerte contenido político o económico.
- Decisiones procesales erráticas que abren margen a nulidades.
- Acumulación de causas sin resolución, que en algunos casos permanecen años sin movimiento sustancial.
En palabras de un informe interno de la Cámara Federal, “la gestión del Juzgado N° 4 está por debajo del estándar mínimo exigible para un juez federal de instrucción penal”. A eso se suman denuncias por presunto favoritismo en ciertos expedientes y vínculos informales con estudios jurídicos vinculados al poder político de turno.
Una denuncia que cuestiona a toda la Corte
La causa que ahora deberá instruir Lijo fue presentada por un grupo de abogados del fuero federal de La Plata: Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta. En el escrito, acusan a los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti de haber incurrido en los delitos de prevaricato (artículo 269 del Código Penal) y tráfico de influencias (artículo 256 bis), a partir de una serie de fallos que consideran “políticamente direccionados” y “contrarios a derecho”.
Entre las decisiones objetadas se destacan:
- El fallo que declaró inconstitucional la Ley 26.080 de integración del Consejo de la Magistratura, después de 15 años de vigencia y con una ejecución casi inmediata que reinstaló una norma anterior.
- La convalidación del Decreto 137/2025, por el cual el presidente Milei designó a Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte por decreto, sin aprobación del Senado. Pese a que la designación quedó trunca, el tribunal tomó juramento a García-Mansilla.
- La confirmación exprés de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, apenas días después de que la exmandataria lanzara su candidatura para las elecciones bonaerenses de 2025.
Los denunciantes sostienen que esas decisiones forman parte de un patrón de comportamiento judicial encuadrado en lo que denominan una “lógica de defección estratégica”, por la cual funcionarios judiciales se alinean con el poder político vigente para proteger su permanencia institucional o favorecer sus propios intereses.
Lijo, juez y parte: ¿puede investigar a sus superiores?
El hecho de que la denuncia haya caído en el juzgado de Ariel Lijo no solo resulta llamativo por su historial de baja productividad judicial, sino también por un conflicto de intereses evidente: fue uno de los jueces designados por el propio presidente Milei para integrar la Corte Suprema, y fue defendido públicamente por el propio Rosatti y Rosenkrantz durante el debate por su nombramiento.
El Decreto 137/2025, que fue declarado válido por la propia Corte a pesar de la falta de acuerdo del Senado, lo nombraba a él como integrante del máximo tribunal. Pese a las críticas de referentes del constitucionalismo, como Juan Carlos Maqueda, quien consideró la maniobra “al borde de la inconstitucionalidad”, la Corte tomó juramento a García-Mansilla y dejó en suspenso la situación de Lijo por razones políticas.
Ahora, ese mismo juez debe decidir sobre la admisibilidad y eventual impulso de una denuncia en la que se lo menciona indirectamente como beneficiario de un mecanismo institucional cuestionado por su legalidad. Para algunos juristas, esto podría habilitar pedidos de recusación o inhibitoria por manifiesta falta de imparcialidad.
La causa todavía está en etapa preliminar. La primera definición será si Lijo le da curso formal, lo deriva a la fiscalía o lo archiva de plano. Pero incluso antes de eso, ya se ha instalado un interrogante central: ¿puede un juez cuestionado por su baja calidad de gestión, con vínculos personales y funcionales con los denunciados, investigar con imparcialidad a los tres miembros más poderosos del Poder Judicial argentino?
La historia reciente muestra que muchas causas contra funcionarios de alto rango durmieron durante años en los despachos de Comodoro Py. Que esta denuncia penal contra Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti haya recaído en manos de Lijo, no hace más que aumentar las sospechas sobre el destino final de este expediente. Por ahora, los denunciantes esperan una respuesta. Pero en los pasillos judiciales ya se preguntan si esta causa, como tantas otras, no nació con su archivo escrito.
