En una entrevista concedida al programa Con Sentido Común de CNN Radio Rosario, el economista y consultor financiero Sebastián Maril ofreció una cruda y esclarecedora mirada sobre el juicio internacional que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF. Según el especialista, el país ha adoptado una estrategia jurídica ineficiente que ha derivado en perjuicios millonarios y pérdida de reputación.
“Argentina defiende sus intereses en tribunales internacionales usando todas las vías legales posibles, pero en casi todos los casos termina perdiendo”, indicó Maril. Esa postura, explicó, genera un efecto boomerang: costos judiciales prolongados, intereses acumulados y escasas chances de lograr un resultado favorable.
El consultor ilustró esta conducta con una metáfora contundente: “Es como cometer un delito en la 9 de julio frente a 50.000 personas y después decir ‘yo no fui’, gastando millones en abogados durante años, para finalmente admitir la culpabilidad”. Según su análisis, el país debería adoptar un enfoque transaccional y admitir los errores en lugar de prolongar litigios sin éxito.
Maril recordó que el caso YPF podría haberse resuelto por 4.000 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Macri. Con Alberto Fernández el monto se duplicó a 8.000 millones. Hoy, bajo la gestión de Javier Milei, se estima en 17.000 millones. “Pateamos la pelota, y cada vez que lo hacemos, los intereses suben”, lamentó.
Sobre la reciente decisión de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, Maril indicó que el fallo es “impracticable” pero que forma parte de un entramado judicial más amplio. Explicó que, en paralelo, existen intentos por declarar a entidades estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y ENARSA como “alter ego” de la República Argentina, lo cual podría habilitar embargos sobre sus activos.
Actualmente, el país enfrenta intentos de embargo en al menos siete jurisdicciones extranjeras, incluyendo Estados Unidos, España, Irlanda y Luxemburgo. “Como no hay negociación con los beneficiarios del fallo, ellos ejercen su derecho a embargar bienes para cobrarse”, detalló.
Consultado sobre la posibilidad de una salida, Maril recomendó que el gobierno busque negociar: “Macri en su momento levantó el cepo y se sentó con los holdouts. Milei podría pedir al Congreso flexibilizar restricciones legales que impiden negociar este tipo de fallos”.
En cuanto al contenido del litigio por YPF, Maril fue categórico: “No se trata de corrupción ni de cuestionar el derecho soberano a expropiar. Se trata de una promesa incumplida que hizo Menem al privatizar la empresa y que Cristina Fernández rompió al nacionalizarla”. Agregó que hay un desconocimiento masivo sobre los detalles del caso, incluso entre juristas y funcionarios.
Uno de los aspectos más polémicos del juicio es el supuesto beneficio de la familia Eskenazi, antiguos accionistas de YPF. Maril desmintió que vayan a recibir dinero del fallo. Explicó que sus empresas en España están en concurso de acreedores y que, en caso de haber fondos, estos serán primero distribuidos entre bancos y fondos que financiaron la demanda, como Repsol, Anchorage y Credit Suisse.
“El juicio nunca se habría iniciado si los Eskenazi no hubieran estado en bancarrota. El juez madrileño Armando Betancourt autorizó una licitación internacional para financiar el proceso, que fue ganada por el fondo Burford Capital, auditado y regulado por mercados de Nueva York y Londres”, detalló Maril, quien además trabaja en un libro sobre el caso.
Finalmente, advirtió que si Argentina no comienza a negociar con los beneficiarios del fallo y sigue apelando sin éxito, corre el riesgo de caer en desacato judicial. “Hay que evitar que Milei y el Congreso tomen decisiones desde la desinformación. Es momento de que la sociedad entienda realmente qué pasó con YPF”.
