La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 2 actualizó el monto del decomiso en la Causa Vialidad, que ahora asciende a $684.000 millones, e intimó a Cristina Fernández y otros ocho sentenciados a pagar dicha suma en un plazo de 10 días hábiles. Esta medida llega tras el cálculo final realizado por el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema, que ajustó significativamente la cifra inicial de $86.000 millones establecida en diciembre de 2022, llevando el perjuicio económico al Estado a un valor equivalente a más de USD 528 millones según el cambio oficial.
En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal medidas adicionales para asegurar los procedimientos sobre los bienes de los condenados. Entre estas acciones, pidieron que las restricciones impuestas a Lázaro Báez se extiendan al resto de los implicados, prohibiendo actos jurídicos que afecten su patrimonio. Además, solicitaron ampliar dichas restricciones a aquellos beneficiados con prisión domiciliaria, como Cristina Kirchner y Nelson Periotti.
Los fiscales argumentan que estas medidas son cruciales para garantizar la efectividad del decomiso y evitar que los condenados movilicen sus activos. Asimismo, buscan reforzar el control sobre los bienes involucrados para impedir cualquier acción que dificulte su recuperación por parte del Estado.
De no efectuarse el pago en el plazo disponible, la Justicia iniciará la etapa de ejecución de los bienes mediante subasta pública. Este procedimiento apunta a garantizar la devolución del monto estipulado en el fallo y revertir el impacto económico generado por los actos de corrupción vinculados al caso.
