La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el pliego del doctor Matías Sebastián Merlo, como Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Circunscripción Judicial Nº 2, con sede en la ciudad de Rosario.
La votación fue por signos y en el mismo sentido que el dictamen que, también con todas las firmas de los integrantes de la Comisión de Acuerdos, recomendó la aprobación. El miércoles 30 de julio la bicameral tomó la entrevista de rigor a Merlo, quien ya estaba en esas funciones como interventor, designado por la fiscal general María Cecilia Vranicich.
El caso de Rosario y el MPA mereció algunas acotaciones nada al margen por parte de la diputada Lionella Cattalini (UCSF-PS) quien recordó la grave crisis de conducción que vivió esa fiscalía regional y las modificaciones hechas por Vranicich cuando contó con normas que votadas por la Legislatura que le dieron más poder. Tanto elogió la labor de la cabeza del MPA como la decisión política que en su momento tomaron los legisladores frente a la crisis de inseguridad rosarina y las acusaciones entre fiscales.
En marzo de 2024, Merlo se hizo cargo de esa labor ante “los múltiples conflictos existentes entre los fiscales” que “ponen de manifiesto un ejercicio de la autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria” en esa fiscalía regional. Fue designado solo por seis meses inicialmente y continuó en esa función hasta su confirmación por el Poder Legislativo.
Antes, la fiscal general ordenó un monitoreo de 90 días del trabajo en las unidades “críticas” del MPA rosarino, desde septiembre de 2023, cuando los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaron a su colega Matías Edery ante presuntas irregularidades en la relación informativa que mantenía con su informante Mariana Ortigala, a quien Moreno y Socca imputaron en septiembre de 2023 por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero. Además, la mujer está sindicada como posible testaferro del capo narco que está en el penal federal de Marcos Paz.
Antes, esa oficina estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Iribarren, desde 2020, de forma interina, tras la detención del entonces fiscal regional, Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad por recibir coimas del juego clandestino.
Iribarren había estado al frente de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, que luego fuera auditada. Presentó su renuncia al MPA para iniciar sus trámites jubilatorios a fines de 2024.
Fuente: El Litoral
