Villa Gobernador Gálvez

Allanamientos con detenidos por extorsión y amenazas

Dos adultos y un menor fueron puestos a disposición de la justicia, sospechados de haber participado en un hecho ocurrido el 11 de julio en un local comercial de Villa Gobernador Gálvez.

En el marco de múltiples allanamientos encabezados por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, dos personas mayores de edad y un menor fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Se los investiga por su presunta participación en amenazas y extorsiones cometidas en Villa Gobernador Gálvez.

De acuerdo con la pesquisa, dirigida por el fiscal Pablo Socca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los implicados estarían relacionados con la denominada “Banda del Gordo Dany”, y tendrían nexos con Héctor Noguera y Gastón Landriel, ambos detenidos en unidades penitenciarias por causas vinculadas a asociación ilícita, abuso de armas y extorsiones ocurridas en el Gran Rosario.

Los procedimientos fueron ordenados por el Equipo de Abordaje para Delitos Cometidos con Armas de Fuego del MPA y ejecutados por personal de la Brigada de Capturas y el Equipo de Microtráfico de la PDI. Se originaron tras un hecho ocurrido el 11 de julio en la avenida San Diego al 400, donde un grupo de personas prendió fuego la entrada de un local comercial y dejó una nota con amenazas y un número telefónico. La línea consignada en el papel estaba registrada a nombre de Landriel.

A partir del análisis de la información recolectada, se desplegaron tareas investigativas para establecer responsabilidades en el hecho. Como resultado, se ordenaron 15 allanamientos que derivaron en la detención de los tres sospechosos, quienes fueron trasladados a la sede de la PDI.

Durante los operativos, los agentes incautaron dos armas de fuego, municiones, cargadores, 18 teléfonos móviles, tres motocicletas, un cuatriciclo, dinero en efectivo, dos pendrives y documentación considerada de interés para la causa.
Las medidas judiciales se enmarcaron dentro del Plan de Persecución Penal Estratégico del MPA y se concretaron en los siguientes domicilios: dos viviendas en Dorrego al 100, cuatro en Thompson al 100, dos en Nogués al 200, una en Thompson y San Juan, otra en Edison al 100, una en San Juan y Córdoba, otra en Roma al 200, una en Campbell al 1600 bis, otra en Platón al 800 y una más en pasaje Capuchino al 2000.