La Empresa Provincial de la Energía (EPE) inició una revisión profunda del padrón de beneficiarios de la tarifa social y descubrió una serie de irregularidades que encendieron las alarmas: usuarios fallecidos, consumos desmedidos y viviendas de lujo subsidiadas.
A raíz de estos hallazgos, más de 15 mil titulares fueron dados de baja del beneficio y serán denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Así lo anunció la presidenta del directorio de la EPE, Anahí Rodríguez, quien aseguró que desde el comienzo de su gestión se tomó la decisión de no dejar pasar ningún caso sospechoso: “Cada irregularidad detectada será denunciada, sin importar si se trata de usuarios registrados formalmente o no. Se trata de fondos públicos y no vamos a dudar en activar mecanismos administrativos o judiciales”, enfatizó.
Los subsidios, recordó Rodríguez, se otorgan mediante declaraciones juradas, en las que los usuarios informan su situación económica y patrimonial. Sin embargo, muchas de esas presentaciones resultaron ser falsas: “A través de un trabajo constante que lleva más de un año y medio, se fueron detectando beneficiarios que no cumplían con los requisitos: inmuebles en zonas residenciales, comercios e incluso viviendas en alquiler figuran recibiendo el descuento que está pensado para familias de bajos ingresos”, detalló.
Desde la EPE indicaron que el foco de la revisión se intensificó en los últimos meses, ante sospechas crecientes sobre el uso indebido de la tarifa social. El objetivo, afirmaron, es garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesiten. Ante este panorama, continuarán con los controles para evitar nuevos abusos y preservar la transparencia del sistema de asistencia energética. Es fundamental que no se desvíen recursos que pertenecen a toda la comunidad.
“El Estado asume el costo que no paga el usuario y eso requiere una administración responsable y equitativa”, subrayaron desde la empresa, al tiempo que remarcaron que continuarán con los controles para evitar nuevos abusos y preservar la transparencia del sistema de asistencia energética.
