El juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Reconquista, dictó una resolución el 23 de septiembre de 2025 en el marco del expediente “Algodonera Avellaneda S.A. s/ Concurso Preventivo”. El magistrado requirió al Directorio de la textil del grupo Vicentin la presentación de un informe económico-financiero completo, que deberá ser incorporado al expediente 48 horas antes de la audiencia fijada para el viernes 3 de octubre.
Según la disposición, la empresa deberá detallar su capital de trabajo inicial —activo corriente, caja y bancos, inversiones líquidas, créditos por ventas, bienes de cambio y otros créditos de rápida o mediana liquidez— y precisar el pasivo corriente, incluyendo deudas comerciales, bancarias, salariales (con acuerdos desvinculatorios), sociales e impositivas. Además, tendrá que presentar proyecciones de ingresos y egresos a 12 meses, contemplando costos fijos y semifijos, con la finalidad de establecer la deuda posconcursal y analizar su eventual reprogramación.
La audiencia contará con la participación de representantes de la concursada, la sindicatura, el comité de acreedores y delegados de los trabajadores, quienes expondrán sus informes sobre la situación de la firma.
Provisión de electricidad bajo la lupa
De manera paralela, Lorenzini citó a representantes de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), de EDESE (Santiago del Estero) y de SECHEEP (Chaco). El objetivo es prevenir la adopción de medidas administrativas por presunta falta de pago que puedan afectar directamente la operatoria de Algodonera Avellaneda.
El juez ordenó a las tres prestatarias del servicio eléctrico abstenerse de realizar cambios en las condiciones contractuales o en la provisión de energía hasta la audiencia del 3 de octubre. La medida busca resguardar la continuidad de las plantas industriales y la integridad patrimonial de la empresa concursada.
La resolución se conoció tras la intimación de la EPE a la textil por una deuda cercana a los $2.000 millones, con la advertencia de interrumpir el suministro eléctrico en caso de incumplimiento.
