Los rectores de las universidades nacionales del país anunciaron que acudirán a la Justicia para exigir que el Gobierno nacional ejecute la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, pero aún sin aplicación efectiva. La medida busca garantizar el cumplimiento de una norma que prevé una actualización salarial del 42,53 % para el personal docente y no docente, destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, calificó la decisión del Gobierno de suspender la aplicación como “unilateral” y advirtió que “no hay excusas para no cumplirla”. Según explicó, la ley implica un gasto equivalente al 0,2 % del Producto Bruto Interno (PBI), un monto que —sostiene— puede ser cubierto mediante la redistribución de partidas presupuestarias.
La tensión se enmarca en un paro nacional de 48 horas convocado por gremios docentes y no docentes, que mantiene cerradas las facultades y escuelas universitarias durante martes y miércoles. En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió en una carta conjunta que el incumplimiento de la ley “pone en riesgo la continuidad del funcionamiento de las universidades públicas” y anticipó que el plenario del organismo avanzará con una acción judicial coordinada si no se aplica la norma en los próximos días.
Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que la promulgación fue formalizada en el Boletín Oficial, pero que la entrada en vigencia depende de la aprobación del Presupuesto 2026 y de la definición del origen de los fondos. Los rectores rechazan ese argumento y acusan al Gobierno de dilatar la aplicación de una ley que consideran “técnicamente viable y políticamente consensuada”.
El conflicto revela una creciente fricción entre el Poder Legislativo —que sancionó la norma con amplia mayoría— y el Ejecutivo, que cuestiona su viabilidad fiscal. En un contexto de deterioro presupuestario y caída salarial, las universidades nacionales reclaman que la ley deje de ser una promesa y se convierta en una política efectiva de financiamiento y estabilidad institucional.
