“Dinero destinado a chicos y familias de los barrios terminó en una campaña electoral”, advirtió.
En política, hay límites que no se tocan. Y cuando se tocan, la indignación se vuelve inevitable. Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, lo resumió sin vueltas: “Dinero que debió ser para familias, para chicos, para los barrios que sufrieron la inundación de 2003, fue puesto en la campaña de Caren Tepp y Cachi Martínez”.
La denuncia, presentada por el espacio Provincias Unidas, que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, apunta directamente contra la Asociación Civil 29 de Abril, de la ciudad de Santa Fe. Esta organización nació hace más de veinte años con un propósito noble: asistir a las víctimas de una de las tragedias más duras de la historia santafesina. Sin embargo, los registros del Centro de Transparencia de Google revelan que la entidad habría aportado cerca de 26 millones de pesos para financiar publicidad digital de Fuerza Patria, la lista encabezada por Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
Chale detalló que el caso fue detectado en los días previos a las elecciones: “Google tiene un protocolo de transparencia electoral que publica quiénes son los que pagan la publicidad digital. Ahí vimos que la asociación civil figuraba como aportante de las campañas de Fuerza Patria”.
Lo que podría parecer un error administrativo, según los denunciantes, es en realidad algo mucho más grave: una tergiversación del objeto social de la entidad, es decir, el uso de fondos con fines totalmente ajenos a su propósito original. “Estamos frente a una presunta administración fraudulenta y a una violación de la ley electoral”, señaló Chale, quien calificó el episodio como “una muestra de lo peor de la vieja política”.
La causa, que ya fue presentada ante el juez con competencia electoral, también menciona a otros aportantes sospechosos, entre ellos una persona física que en 2023 figuró como candidato de otra fuerza política en la provincia de Buenos Aires y que habría realizado donaciones de montos llamativos.
Más allá de los tecnicismos judiciales, el trasfondo es moral: una ONG creada para asistir a los más vulnerables habría sido usada para financiar una campaña política. La denuncia golpea directo en la credibilidad de un sector que, paradójicamente, había hecho de la “renovación” y la “transparencia” sus banderas.
En tiempos donde la política busca recuperar confianza, episodios como este la vuelven a hundir en el barro. Y dejan una pregunta que resuena más fuerte que cualquier comunicado: ¿cuánto vale, en definitiva, la ética pública cuando el poder entra en campaña?
