Aun no hay indicios de una posible prórroga, lo que genera fuerte incertidumbre entre los productores y frigoríficos exportadores.
De no extenderse la medida, a partir del 1° de noviembre volverían a aplicarse las alícuotas originales del 5%, con excepción de los despachos certificados como carne de vaca (categorías D, E y F), que continuarían exentos de pagar derechos de exportación, según lo dispuesto en el Decreto 549/2024.
Desde las entidades agropecuarias y cámaras del sector advierten que la falta de previsibilidad complica la planificación comercial y podría frenar el ritmo de los embarques. “El costo fiscal de mantener la suspensión no supera los USD 150 millones, una cifra marginal frente al impacto positivo en las ventas externas”, señalaron fuentes empresariales.
Por su parte, el Ministerio de Economía no ha emitido hasta el momento ninguna comunicación oficial sobre la continuidad del beneficio. En el mercado, los exportadores temen que la restitución de las retenciones coincida con un escenario de baja en los precios internacionales, lo que afectaría la rentabilidad del negocio y el ingreso de divisas.
Mientras tanto, los analistas sostienen que la decisión final dependerá del balance fiscal de fin de mes y del nivel de cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De mantenerse el esquema actual, la Argentina consolidaría un gesto hacia el sector exportador, pero su prórroga implicaría resignar ingresos fiscales en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.
