Desde de este lunes empieza a llegar la hora de la verdad para el gobierno de Javier Milei en el Parlamento nacional. La jefa de bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quiere que la primera votación en torno a la Modernización Laboral sea el próximo 11 de febrero. A tal fin, permanece en contacto permanente con las bancadas aliadas del PRO, el radicalismo y los partidos provinciales, que si brindan sus respaldo garantizarían 44 votos en un recinto que suele ser más esquivo a los libertarios. De hecho, este martes la ex ministra de Seguridad se volverá a reunir con ellos en las oficinas porteñas de la Unión Cívica Radical.
Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, sigue entrevistandosé con gobernadores y pidiendo en la Mesa Política mileísta que se atiendan ciertos pedidos de los caudillos territoriales para asegurar su aval, no sólo a los cambios en el ámbito del trabajo, sino también en los otros proyectos del Poder Ejecutivo Nacional, como son la Ley de Glaciares; la nueva Ley Penal Juvenil; el acuerdo MerCoSur-Unión Europea, y un pedido que en este caso proviene de los gobernadores patagónicos, que solicitan se declare la emergencia ígnea por los incendios en el sur.
En línea con ese juego de seducción que propone ‘El Colo’ Santilli, el titular de Hacienda, Luis Caputo, ya abrió la billetera para conceder Aportes del Tesoro Nacional -por valor de $3.000 millones- a Corrientes debido a las inundaciones que azotaron la región, junto a otros 4.000 millones de pesos que fueron a parar a las arcas de la provincia de Chubut, y que apuntan a apagar los focos activos en esa zona.
“Cuando las provincias requieren ayuda y la solicitan, Nación tiene la herramienta de los ATP para colaborar. Los casos en los que hemos otorgado este tipo de asistencia están totalmente justificados”, le expresó a este medio un funcionario con despacho en la Casa Rosada, que de todos modos pidió aclarar que, “lo que no hacemos -ni vamos a hacer- es darle plata a los estados provinciales para gastos corrientes. Esa lógica ya no existe más en la Argentina de La Libertad Avanza, porque esto no es un toma y daca con los gobernadores, sino una negociación de tipo parlamentaria que busca saldar las deudas y falencias de la vieja política”, enfatizó con vehemencia la fuente oficial.
La comandancia mileísta mantendrá más encuentros -formales e informales- en esta semana con el objetivo de ir monitoreando como se desarrollan las sesiones extraordinarias en el Congreso. En otro andarivel, los mandatarios provinciales amagan con encontrarse en estos días en el Consejo Federal de Inversiones con la finalidad de analizar detalles de la Reforma Laboral. La preocupación por el capítulo fiscal con la baja en fondos coparticipables del Impuesto a las Ganancias para sociedades comerciales, permanece, pero no son pocos los cacíques distritales que aceptarían fondos discrecionales para compensar la perdida que la medida les generaría. Una voz en off del CFI le dijo a este diario: “Vemos mejor esa opción que la de correr hacia adelante la aplicación efectiva de la norma, porque los flujos que han dejado de recibir las provincias son demasiados”. La garganta ligada a los gobernadores del Norte Grande reveló que, “por ahora hay muchas promesas incumplidas por parte del poder central ¿por qué nos cumplirían con todo ahora?”, se preguntó, a la vez que remarcó que, “el diálogo con el Gobierno nacional no se va a cortar. Lo que sí deben saber es que nuestros senadores y diputados no van a aprobar nada que nos perjudíque. Y cuando digo nuestros intereses también digo los de los trabajadores”, concluyó.
Está claro que la administración central no quiere tener sorpresas cuando se vayan a sufragar las reformas del PEN en el Poder Legislativo, teniendo entre otras cosas, a una vicepresidenta que ya no pertenece más al gobierno de los hermanos Milei, pero que intenta no ser un obstáculo a la gestión violeta cuando busca legislar. “Victoria (Villarruel) no es un problema para nosotros. Ella ya marcó sus diferencias con el proyecto y prefirió quedarse afuera para desarrollar algo más personal, y está en todo su derecho”, señaló a este medio un alto asesor presidencial, que también consignó que: “El trato con la presidenta del Senado es meramente institucional y protocolar. No hay nada más que decir al respecto”, cerró el vocero informal.
En Balcarce 50 aseguran que, en privado, los jefes provinciales no ponen objeciones a la renovación de las normativas laborales. “Lo que los pone en modo opositor es la posibilidad de que se les toque alguna caja. En eso se parecen mucho a los ‘Gordos’ de la CGT, que en reserva admiten que la reforma es inevitable y después para la tribuna se vuelven combativos. Un acting que en realidad busca que no vayamos contra la injusta cuota sindical que les descuentan a los asalariados, y que en rigor, es su verdadera fuente de financiamiento”, sostuvo uno de los colaboradores de peso en la Secretaría General.
Ese mismo portavoz le manifestó a El Litoral: “Los empresarios que quieren invertir en el país son los que piden a gritos esta reforma, que como sostenemos desde el minuto cero, va a generar empleo genuino y el hecho de que la rueda del crecimiento no tenga techo ¿Quien se puede oponer?… Solamente aquel que recibe algún beneficio de papá Estado, y al que seguramente le importa un bledo si hay trabajadores en la informalidad y que sufren malas condiciones de vida. Los gerentes de la pobreza no son sólo los kirchneristas de las organizaciones sociales, muchos permanecen camuflados en diversos sectores que deberían ser productivos y sin embargo actúan como un virus, vaciando las arcas públicas en pos de sostener estructuras vetustas que únicamente favorecen a los políticos de turno y a su entorno. Eso con Javier Milei, se terminó”, cerró la fuente gubernamental.
