Cristina Fernández de Kirchner volvió a colocar en el centro de la escena la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. Al presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7, la ex mandataria no sólo defendió su posición en el marco de la causa Cuadernos, sino que además profundizó sus críticas hacia el accionar de jueces y fiscales. En ese contexto, lanzó una frase que marcó el tono de su intervención: aseguró que el proceso está atravesado por “prácticas mafiosas”.
Durante su declaración, la ex presidenta vinculó el avance de la causa con lo que definió como un escenario de persecución judicial. Según planteó, existe una articulación entre sectores del Poder Judicial y factores de poder político y económico que condicionan las decisiones. En esa línea, apuntó directamente contra el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes responsabilizó por la instrucción del expediente.
“Vengo en calidad de detenida”, expresó al iniciar su intervención, en una frase que rápidamente se replicó en el ámbito político y mediático. A partir de allí, desplegó un discurso centrado en cuestionar la legitimidad del proceso y en advertir sobre un supuesto deterioro institucional en la Justicia.
Cuestionamientos a la causa y a las pruebas
Kirchner calificó a la causa Vialidad como “emblemática” dentro de lo que considera una estrategia de persecución judicial. Sin embargo, sostuvo que el caso Cuadernos representa un “estadio superior”, en el que —según su visión— se habrían manipulado pruebas para sostener acusaciones.
En ese sentido, afirmó que Bonadio y Stornelli realizaron un “manejo criminal de la figura del arrepentido”. De acuerdo con su interpretación, los testimonios de imputados colaboradores no se ajustaron a criterios de legalidad, sino que habrían sido obtenidos bajo presión. “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”, insistió.
La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también planteó objeciones concretas. Entre ellas, cuestionó la autenticidad de los cuadernos que dieron origen a la investigación y sostuvo que las declaraciones de los imputados fueron realizadas en condiciones irregulares. Estos argumentos formaron parte del pedido de nulidad que fue rechazado, lo que derivó en la citación a esta instancia del proceso.
Un escenario judicial con fuerte impacto político
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver los planteos preliminares antes de avanzar en el desarrollo del juicio. En este expediente se investiga una presunta red de sobornos vinculada a la obra pública entre 2003 y 2015, con la participación de ex funcionarios y empresarios.
Además de Cristina Kirchner, también están convocados otros imputados de alto perfil, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido. La magnitud del caso y el peso político de los involucrados convierten al proceso en uno de los más relevantes del escenario judicial actual.
En paralelo, la situación también tuvo repercusiones fuera de los tribunales. Desde temprano, militantes y seguidores de la ex presidenta se concentraron en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio porteño de Constitución. Allí expresaron su respaldo y cuestionaron al gobierno nacional, al que acusan de utilizar la causa con fines políticos.
Mientras tanto, el clima de polarización vuelve a escalar. Las declaraciones de Kirchner reavivan el debate sobre la independencia judicial, el uso de la figura del arrepentido y el rol de los tribunales en causas de alto impacto institucional.
