La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó que el Gobierno nacional debe ejecutar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y avanzar con la recomposición salarial del personal docente y no docente. El tribunal rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y calificó sus argumentos como “poco serios”.
El fallo fue recibido con alivio en el ámbito académico. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, lo definió como “una excelente noticia para la comunidad universitaria en un contexto extremadamente delicado”, y destacó el respaldo judicial a la medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La resolución obliga al Estado a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de salarios desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, además de la recomposición de programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán sostuvieron que la postura oficial —que planteaba que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta— carece de sustento. También remarcaron que la medida tiene bajo impacto fiscal y no afecta de forma significativa el interés público.
En ese sentido, el tribunal subrayó que la decisión judicial protege un derecho fundamental consagrado en la Constitución: la educación superior pública.
