El Ejecutivo de Santa Fe volvió a respaldar la decisión de rematar una avioneta que fue retenida en el marco de una investigación penal, y advirtió que hay acciones orientadas a bloquear la operación. El planteo fue realizado por el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, quien dio precisiones sobre el caso y su recorrido judicial.
Según explicó, no es extraño que aparezcan intentos de frenar este tipo de ventas cuando se trata de bienes costosos. “Cuando los bienes son de mucho valor económico todas las estructuras defensivas tratan de establecer artilugios legales para que no se avance en la venta”, afirmó. En ese contexto, indicó que actualmente se desarrolla una instancia judicial clave para sostener el proceso de subasta.
En cuanto a la aeronave, detalló que había sido presentada por un imputado como respaldo dentro de la causa, con el objetivo de garantizar posibles reparaciones a las víctimas. “La avioneta fue ofrecida en la causa estableciendo un lugar donde estaba para garantizar a las víctimas”, señaló. Sin embargo, con el avance de la investigación se comprobó que el dato sobre su ubicación no era correcto.
Tras diversas tareas investigativas, el avión fue localizado en Entre Ríos y posteriormente secuestrado en un operativo conjunto. “En el mes de octubre encontramos la aeronave y la trasladamos a la provincia de Santa Fe”, explicó el funcionario, quien además indicó que el aparato estaba en poder de un mecánico que también había sido afectado.
Por último, remarcó que avanzar con la subasta responde a una cuestión económica concreta: evitar los altos costos de mantenimiento. “Mantener una avioneta en un hangar puede costar entre mil y cinco mil dólares por mes”, advirtió. En ese sentido, sostuvo que los remates públicos son una herramienta para recuperar parte del valor del bien y contribuir a la reparación económica en el marco de las causas judiciales.
