La Legislatura de Santa Fe debate una reforma integral del régimen de prisión domiciliaria impulsada por el diputado provincial Martín Rosúa, del espacio Unidos para Cambiar Santa Fe junto a la Unión Cívica Radical.
La propuesta apunta a endurecer las condiciones bajo las cuales se cumplen las condenas fuera de establecimientos penitenciarios y a eliminar lo que el legislador calificó como “privilegios encubiertos” dentro del sistema.
“Durante años vimos cómo un instituto pensado para situaciones humanitarias terminó funcionando, en la práctica, como un beneficio reservado para unos pocos”, sostuvo Rosúa al fundamentar el proyecto.
El legislador advirtió que actualmente personas condenadas por delitos graves, incluidos casos de corrupción y defraudación al Estado, cumplen sus penas en departamentos de alta gama, con acceso irrestricto a celulares, internet, redes sociales y visitas sin limitaciones.
“Es evidente que, con estos privilegios, la ley no está siendo igual para todos”, remarcó. Y agregó que el sistema “terminó generando privilegios por capacidad económica, algo completamente incompatible con la Constitución y con cualquier principio republicano básico”.
Entre los principales cambios, la iniciativa establece un límite máximo de 120 metros cuadrados para la vivienda donde se cumpla la prisión domiciliaria y prohíbe amenities de lujo o cualquier condición que desvirtúe el carácter restrictivo de la pena.
También dispone que el régimen de visitas sea idéntico al penitenciario y prohíbe el uso de teléfonos celulares e internet, salvo excepciones debidamente justificadas por razones laborales, educativas o de salud.
Además, el texto prevé monitoreo electrónico obligatorio, controles sorpresivos, revocación inmediata ante incumplimientos y la creación de un registro público para garantizar transparencia en la aplicación del beneficio.
