El gobierno de Santa Fe presentó un ambicioso proyecto de reforma en materia de seguridad pública que propone modificar seis leyes provinciales y endurecer herramientas de investigación, control y actuación policial frente al crimen organizado.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, será uno de los ejes de discusión en la reunión de gabinete prevista para este lunes en la capital provincial.
El mensaje enviado a la Legislatura incluye once modificaciones sustanciales al Código Procesal Penal, la Ley Penitenciaria, el sistema de inteligencia y el programa de recompensas, entre otras normas.
Allanamientos sin orden y espionaje digital
Uno de los puntos que más debate genera es la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa en casos de secuestro de armas de fuego u otros materiales controlados en la vía pública.
Según el proyecto, la medida busca evitar la pérdida de pruebas o el ocultamiento de evidencia mientras se aguarda la orden de un juez.
También se incorpora formalmente el uso de espionaje digital y electrónico dentro del sistema de inteligencia provincial, con el argumento de fortalecer las capacidades estatales para prevenir delitos complejos y combatir organizaciones criminales.
Más poder para fiscales y policías
La propuesta habilita además que fiscales puedan imponer determinadas medidas coercitivas sin necesidad de autorización judicial, siempre que no impliquen privación de libertad.
Otro de los cambios relevantes es la posibilidad de ordenar el derribo o inactivación de inmuebles vinculados al microtráfico y otros delitos por decisión fiscal, en situaciones consideradas de “extrema obviedad”.
El texto también plantea la creación de “zonas de intervención policial especial”, donde podrían aplicarse controles reforzados sobre circulación y permanencia en espacios públicos según indicadores de criminalidad.
Cambios en declaraciones e interrogatorios
La reforma recupera la figura de la “declaración informativa” durante las primeras etapas de una investigación penal.
Además, elimina la obligatoriedad de la presencia del defensor para la declaración del imputado, uno de los puntos que ya genera cuestionamientos dentro del arco político y jurídico.
Régimen más duro para presos de alto perfil
El proyecto prevé un régimen penitenciario agravado para internos acusados de ordenar delitos graves desde la cárcel.
Entre las medidas se incluyen condiciones de aislamiento extremo y suspensión de visitas físicas, manteniendo únicamente contacto familiar mediante correspondencia supervisada.
Debate político y cambios en discusión
Aunque el oficialismo ya comenzó a defender la iniciativa, dentro de la coalición gobernante Unidos reconocen que el texto podría sufrir modificaciones durante el tratamiento legislativo.
La discusión promete abrir un fuerte debate sobre el equilibrio entre seguridad pública, garantías constitucionales y ampliación de facultades estatales frente al delito organizado.
