La propuesta, que ya cuenta con dictamen de mayoría, apunta a reordenar el financiamiento del sistema energético, fortalecer la segmentación de subsidios y reducir el alcance que tuvo el programa tras su ampliación en 2021.
Según el texto, los beneficios quedarán dirigidos exclusivamente a usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Entre los grupos contemplados figuran hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de la Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En estos últimos casos, el proyecto establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera la discapacidad genera una necesidad específica de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.
Además, la iniciativa redefine el universo geográfico alcanzado por el régimen y limita la cobertura a las regiones históricamente incluidas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. También incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas zonas.
Desde el oficialismo sostienen que la expansión del sistema aprobada en 2021 llevó el número de beneficiarios a abarcar casi la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas, incluyendo —afirman— sectores con alto poder adquisitivo o sin criterios claros de vulnerabilidad económica.
