La Cámara de Diputados de Santa Fe se encamina a debatir uno de los proyectos más controvertidos del año: la prohibición de la actividad de los cuidacoches en toda la provincia. Aunque el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar, las negociaciones continúan abiertas y podrían derivar en cambios al texto antes de su eventual regreso al Senado.
La iniciativa, impulsada por el senador provincial Ciro Seisas, propone prohibir la prestación de servicios de cuidado, vigilancia, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de una retribución económica. El proyecto también prevé sanciones para quienes incumplan la normativa.
La discusión legislativa quedó atravesada por cuestionamientos de la Iglesia y de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre las consecuencias sociales de una prohibición generalizada.
En las horas previas al debate, legisladores recibieron a representantes de la Pastoral Social de las arquidiócesis de Santa Fe y Rosario, quienes plantearon la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva social y laboral.
La postura de la Iglesia
Desde la Pastoral Social señalaron que gran parte de quienes ejercen la actividad lo hacen como estrategia de subsistencia frente a la falta de empleo formal y al crecimiento de la pobreza.
En ese sentido, advirtieron que una prohibición sin alternativas de inclusión podría agravar situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
La Iglesia propuso diferenciar entre quienes trabajan de manera informal para obtener ingresos y aquellos grupos que desarrollan prácticas extorsivas o actividades ilegales. Como alternativa, sugirió avanzar en sistemas de registro, identificación y capacitación laboral para quienes dependen de esta actividad.
Cuestionamientos desde derechos humanos
Las críticas también llegaron desde organizaciones de derechos humanos. Integrantes del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia manifestaron su rechazo al proyecto al considerar que puede derivar en una criminalización de la pobreza.
Según expresaron, la iniciativa castiga actividades vinculadas a la supervivencia de personas que enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral formal.
El oficialismo busca consensos
Pese a las objeciones, el oficialismo mantiene su decisión de avanzar con la norma. Las principales negociaciones giran en torno a la autoridad encargada de aplicar y controlar la futura ley.
Entre las alternativas analizadas figura la participación de jueces de faltas en ciudades como Santa Fe y Rosario, una modificación que permitiría reunir mayores consensos legislativos.
La iniciativa también cuenta con el respaldo de municipios que vienen reclamando herramientas legales para intervenir frente a situaciones conflictivas vinculadas a la actividad de los cuidacoches en espacios públicos.
Un debate que excede la seguridad
La discusión expone una tensión de fondo entre las demandas de ordenamiento del espacio público y la situación social de quienes encuentran en esta actividad una fuente de ingresos.
Mientras sectores políticos sostienen que la prohibición permitirá combatir prácticas extorsivas y mejorar la convivencia urbana, los críticos advierten que la medida puede resultar insuficiente si no se acompaña con políticas de inclusión y generación de empleo.
Con posiciones enfrentadas y negociaciones abiertas hasta último momento, el proyecto promete convertirse en uno de los debates más intensos de la agenda legislativa santafesina.
