La disputa por la competencia judicial en la causa que investiga la compra de una lujosa propiedad en Pilar sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó analizar una apelación presentada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, y convocó a una audiencia para definir qué magistrado continuará al frente del expediente.
La audiencia fue fijada para el 12 de agosto a las 11.30, cuando el tribunal escuchará los argumentos de la defensa de Pantano y Conte, así como la posición del fiscal general ante Casación, Mario Villar.
Pantano y Conte figuran como titulares formales de la propiedad, aunque la investigación analiza si actuaron como presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, una hipótesis que él no tiene condena ni declaración judicial firme que la confirme.
La discusión pasa por el fuero que debe intervenir
La defensa cuestiona que la investigación continúe en el fuero Penal Económico, donde actualmente tramita el expediente, y solicita que regrese al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Hace un mes, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía quedar en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, actualmente subrogado por la jueza Verónica Straccia, decisión que ahora será revisada por Casación.
La investigación sobre la propiedad
La causa analiza la adquisición de una estancia de aproximadamente 105.000 metros cuadrados en Pilar, equipada con helipuerto y un galpón donde fueron hallados 54 vehículos de alta gama y de colección.
El inmueble está registrado a nombre de Real Central S.A., una sociedad integrada por Pantano y Conte. Los investigadores buscan determinar si los fondos utilizados para la compra guardan relación con terceros, ya que, según la pesquisa, los titulares declarados no tendrían capacidad económica suficiente para justificar la adquisición.
Un expediente que ya pasó por varios jueces
La investigación ya atravesó distintos juzgados federales y del fuero Penal Económico. Entre ellos intervino el juez Daniel Rafecas, quien ordenó un allanamiento en la propiedad. Durante ese procedimiento se secuestraron diversos elementos, entre ellos un bolso con el nombre de Pablo Toviggino, una placa institucional y los vehículos hallados en el predio.
Posteriormente, el expediente pasó al juez Marcelo Aguinsky, quien sostuvo como una de las hipótesis de investigación que la operación podría haber sido financiada con fondos cuyo origen debía ser determinado. La definición sobre qué juez continuará con la causa quedará ahora en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.
