El Gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y reglamentó en Santa Fe el esquema que establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad. La decisión marca una diferencia con la provincia de Buenos Aires, donde la Justicia suspendió preventivamente la aplicación de la normativa por 60 días.
A través del Decreto 1809/2026, publicado en el Boletín Oficial, la Casa Gris aprobó el Reglamento Autónomo de Implementación de la Ley 27.801, con las firmas de Pullaro, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
La provincia no necesitó adherir formalmente a la legislación penal nacional: reconoce la aplicación directa de las nuevas reglas y adapta sus estructuras para ejecutarlas. Los aspectos procesales, administrativos y de organización continúan bajo jurisdicción santafesina.
Cómo funcionará en Santa Fe
El proceso penal contra adolescentes continuará regido por la Ley provincial 14.228 y, de manera supletoria, por el Código Procesal Penal santafesino. La ejecución de las penas privativas de libertad se organizará bajo la Ley 14.243 y el nuevo reglamento.
La Secretaría de Asuntos Penales tendrá a su cargo la gestión de las penas privativas de libertad, domiciliarias, en institutos abiertos o establecimientos especializados. En paralelo, la Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia deberá implementar las medidas socioeducativas.
El sistema también contempla la articulación con las áreas de salud, educación, capacitación laboral y desarrollo social. Los programas provinciales existentes podrán utilizarse para cumplir las medidas previstas por la nueva normativa, siempre que se respete lo dispuesto por la Justicia.
Otro punto contemplado es qué ocurre cuando un adolescente privado de libertad se acerca a los 18 años. En ese momento deberá elaborarse un informe para definir la continuidad de la pena y, si corresponde el traslado a una unidad para adultos, deberán garantizarse los tratamientos médicos, educativos, psicológicos o laborales que ya estuviera realizando.
Institutos abiertos y protocolos especiales
La reglamentación establece distintos dispositivos según el nivel de restricción de libertad y dispone que los establecimientos tengan un perfil educativo, formativo y orientado a la reinserción social.
Los institutos abiertos estarán bajo responsabilidad de personal civil especializado. La participación de fuerzas de seguridad será excepcional y subsidiaria, limitada a situaciones graves que impliquen un riesgo concreto e inmediato para la integridad de las personas.
Además, deberán existir protocolos específicos para episodios de violencia, autolesiones, intentos de fuga, incendios y emergencias sanitarias. La normativa establece como criterios de actuación la prevención, el desescalamiento y la contención no violenta.
La implementación también implica revisar el esquema que funcionaba desde 2015 para los establecimientos cerrados destinados a menores privados de libertad. Los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Justicia y Seguridad deberán elaborar los nuevos protocolos operativos.
Una señal política en plena disputa por la seguridad
La decisión santafesina también tiene una lectura política. Pullaro vuelve a mostrar sintonía con Javier Milei en materia de seguridad, uno de los principales puntos de coincidencia entre la Casa Gris y el Gobierno nacional.
Aunque existen diferencias entre ambas administraciones por cuestiones como los recursos, la obra pública y el escenario electoral, Santa Fe sostiene una línea de endurecimiento de las políticas de seguridad y persecución del delito que coincide con la orientación impulsada por la Nación.
La reglamentación rápida del régimen juvenil refuerza ese posicionamiento y permite a Pullaro diferenciarse de otras jurisdicciones que enfrentan obstáculos judiciales para implementar la nueva legislación.
Buenos Aires, en sentido contrario
El contraste más inmediato aparece en la provincia de Buenos Aires. La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo y suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen.
La magistrada puso bajo análisis la capacidad del sistema bonaerense para alojar a adolescentes de 14 y 15 años y cuestionó si existen infraestructura, equipos profesionales y condiciones suficientes para aplicar la normativa sin afectar sus derechos.
La Justicia convocó además a funcionarios bonaerenses a una audiencia prevista para el 16 de septiembre.
La decisión generó una fuerte reacción política. Patricia Bullrich cuestionó al gobernador Axel Kicillof y sostuvo que su administración mantiene una posición demasiado permisiva frente al delito.
Mientras la discusión continúa en Buenos Aires, Santa Fe avanza con la reglamentación y puesta en funcionamiento del régimen. Para Pullaro, la implementación de la baja de imputabilidad se suma a una política de seguridad que busca combinar mayor capacidad de respuesta penal, infraestructura específica y una estructura provincial preparada para ejecutar las nuevas reglas.
