La Cámara de Senadores de Santa Fe completó este jueves la sanción de la ley que prohíbe la actividad de los cuidadores informales de vehículos, conocidos como “trapitos”. El proyecto había sido modificado por Diputados y volvió al Senado, que finalmente aceptó los cambios.
La iniciativa fue impulsada por el senador Ciro Seisas, de Rosario, y establece un nuevo marco para que los municipios regulen el uso del espacio público frente a esta actividad. Entre las sanciones previstas aparecen penas de hasta 20 días de prisión en casos de reincidencia.
“En el Estado de Derecho, en el régimen democrático y para un gobierno democrático, el espacio público es sagrado”, sostuvo Seisas al defender la iniciativa.
El senador planteó que la intención es dejar atrás respuestas parciales y otorgar herramientas a las ciudades para que puedan definir mecanismos de regulación de acuerdo con sus propias características y necesidades, en el marco de sus autonomías.
La norma también apunta a situaciones en las que los conductores son presionados a pagar para estacionar o detenerse en determinados lugares. “La ausencia de reglas nunca es neutral”, afirmó Seisas durante el debate.
Cambios y negociación
El proyecto tuvo un largo recorrido legislativo. El Senado le había dado la primera media sanción el 19 de marzo, pero Diputados introdujo modificaciones que redujeron algunos de los aspectos considerados más punitivos del texto original.
El tratamiento quedó atravesado además por diferencias dentro del oficialismo y reparos del Gobierno provincial, que había advertido sobre la necesidad de evitar que la aplicación de la norma implique distraer recursos policiales de otras tareas de seguridad.
Durante el proceso también hubo cuestionamientos de distintos sectores. La Iglesia Católica y posteriormente el Foro contra la Impunidad y por la Justicia expresaron reparos sobre la iniciativa.
La sanción definitiva formó parte de una negociación política más amplia dentro de Unidos y quedó vinculada con otro proyecto de interés para Rosario: la modificación del régimen del fuero contencioso administrativo para acortar plazos y agilizar los reclamos de ciudadanos contra el Estado.
Con la aprobación del Senado, el proyecto quedó convertido en ley y solo resta la promulgación del Poder Ejecutivo provincial para que entre en vigencia, de acuerdo con los plazos que establezca la propia norma.
