Las 24 jurisdicciones del país destinarán durante 2026 $1,84 billones al funcionamiento de sus poderes legislativos, según un informe elaborado por la Fundación Libertad a partir de los presupuestos provinciales.
El estudio, que la entidad realiza desde 2018, calculó cuánto representa ese gasto por cada diputado o senador. El promedio nacional alcanza los $1.531 millones anuales por legislador, unos $128 millones mensuales.
Las diferencias entre provincias son marcadas. Tucumán encabeza el listado con $3.725 millones anuales por legislador, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con $3.402 millones, y Chaco, con $3.057 millones.
En el extremo contrario aparecen San Luis, con $176 millones por legislador, y Santiago del Estero, con $206 millones.
El caso de Santa Fe
Santa Fe también aparece entre las jurisdicciones con mayor costo por representante. Según el informe, el gasto legislativo por banca triplica y medio al registrado en Córdoba.
La comparación muestra que las diferencias no están determinadas únicamente por la cantidad de legisladores. El estudio señala, por ejemplo, que un representante tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño, pese a que ambas provincias tienen cámaras de dimensiones similares.
La brecha es todavía mayor en otros casos: un legislador chaqueño representa un costo casi quince veces superior al de uno santiagueño.
En términos generales, el gasto destinado a las legislaturas representa el 1,15% del total de los presupuestos provinciales. Sin embargo, algunas jurisdicciones destinan una proporción considerablemente mayor.
Tucumán asigna el 3,66% de su presupuesto al Poder Legislativo, mientras que Catamarca destina el 2,64% y Chaco el 2,22%.
Buenos Aires, entre las estructuras más grandes
La provincia de Buenos Aires ocupa el quinto lugar del ranking por costo por legislador. Cuenta con 138 representantes, la mayor cantidad del país, y prevé un presupuesto legislativo de $379.004 millones.
El cálculo de Fundación Libertad ubica en $2.746 millones anuales el costo por integrante de la Legislatura bonaerense.
El informe también compara el presupuesto legislativo con otras áreas del Estado. En Buenos Aires, señala que los recursos destinados a la Legislatura son más de cinco veces superiores a los del Ministerio de Economía provincial y nueve veces mayores que los asignados al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
En Santa Fe, en tanto, el presupuesto legislativo supera en un 45% los recursos destinados al Ministerio de Trabajo, según el análisis.
Personal y cantidad de empleados
Otro de los aspectos relevados es la composición del gasto. En promedio, el 84% de los recursos de las legislaturas se destina al pago de personal, incluyendo legisladores, asesores, secretarios y empleados permanentes y transitorios.
También existen fuertes diferencias en la cantidad de trabajadores por banca. Entre las provincias que cuentan con información disponible, el promedio alcanza 27 empleados por legislador.
Corrientes aparece en el primer lugar, con 72 trabajadores por banca, seguida por Chaco, con 70, y Formosa, con 62.
En el extremo opuesto se encuentran San Luis, con dos empleados por legislador; Santiago del Estero, con cinco; y Córdoba, con ocho.
La comparación con España
El informe incorpora además una comparación con las comunidades autónomas de España. Según sus autores, las legislaturas españolas destinan en conjunto el equivalente a $761.166 millones, frente a los $1,84 billones de las provincias argentinas.
De acuerdo con ese cálculo, el gasto legislativo total argentino es 2,4 veces superior al español. La diferencia también aparece al medir el costo por representante: $1.531 millones anuales en Argentina frente a $628 millones en España.
Además, mientras las legislaturas provinciales argentinas representan el 1,15% de los presupuestos, en las comunidades autónomas españolas el peso de sus parlamentos alcanza el 0,15%.
El informe de Fundación Libertad pone así el foco sobre el costo de las estructuras legislativas provinciales, con diferencias significativas tanto en el presupuesto asignado como en la cantidad de empleados y el gasto asociado a cada banca.
