El barrio de los pescadores de La Florida atraviesa un nuevo capítulo de un conflicto que lleva años. Alrededor de 40 familias, unas 170 personas entre las que hay menores y personas con discapacidad, recibieron cédulas judiciales que las intiman a dejar los terrenos donde viven y desarrollan sus actividades desde hace décadas.
Elsa Avip, referente de las familias, contó en una entrevista con la radio comunitaria Aire Libre que las notificaciones llegaron con información desactualizada. Según relató, aparecen nombres de menores, personas fallecidas y vecinos que ya no viven en el lugar, además de casos en los que ni siquiera figura el número de documento.
Tras recibir la cédula, las familias cuentan con tres días hábiles más uno de gracia para presentarse ante la Justicia. Los vecinos habían acordado solicitar que fueran atendidos por tres o cuatro fiscalías, pero finalmente fueron derivados a las diez existentes.
Avip también cuestionó que algunos vecinos hayan quedado en situación de rebeldía pese a haberse presentado. “Según ellos, nos favorece, pero a nosotros sabemos claramente no nos favorece cuando te hacen pasar como en rebeldía”, sostuvo.
Un conflicto que lleva décadas
La referente ubicó el origen del barrio en una historia de más de 70 años. Según explicó, los terrenos fueron pasando por distintos titulares hasta llegar a Nevada, la empresa que inició un juicio de desalojo en 2017, que permaneció suspendido y ahora volvió a activarse.
De acuerdo con los expedientes a los que los vecinos pudieron acceder parcialmente, Nevada sostiene que adquirió las tierras sin personas viviendo allí. Avip rechaza esa versión y asegura que actualmente hay casi 150 familias en el barrio.
También recordó que el lugar originalmente era un bañado que sus padres y abuelos fueron rellenando para hacerlo habitable. “Fuimos rellenando, fuimos acomodando y fuimos dándole forma a lo que hoy es el barrio”, relató.
Los vecinos, además, aseguran desconocer quiénes están detrás de la empresa, que aparece bajo distintas denominaciones y con diferentes actividades.
La discusión por la reurbanización
Avip planteó también una contradicción con la Municipalidad. Según relató, apenas cuatro o cinco meses atrás se conversaba sobre una posible reurbanización del barrio junto al municipio, mientras que ahora los terrenos aparecen vinculados a un propietario privado.
“Yo no entiendo por qué la Municipalidad tenía la autoridad de venir a querer reurbanizarnos y acomodarnos”, cuestionó.
La referente también se refirió al desarrollo del parque acuático ubicado en la zona y sostuvo que “nos tapa la ventana de nuestra casa”. En ese sentido, comparó su funcionamiento con el de la Florida Paga y señaló que, desde su perspectiva, tiene una actividad intensa durante tres meses y poca circulación durante los otros nueve.
También afirmó que ya no existe el espejo de agua donde los pescadores amarraban sus canoas.
Vivienda y trabajo, en juego
Para las familias, el conflicto no se limita al derecho a permanecer en sus viviendas. El desalojo también amenaza sus fuentes de trabajo, ya que buena parte de la actividad económica del barrio está organizada alrededor de emprendimientos familiares.
Según Avip, detrás de cada pescadería trabajan cuatro o cinco familias y los kioscos funcionan como empresas familiares. Por eso, uno de los principales interrogantes que plantean los vecinos es adónde podrían trasladarse, teniendo en cuenta que no existe, según sostienen, otro lugar en Rosario preparado para recibir a una comunidad con estas características.
El amparo de la Ley de Barrios Populares
En medio del conflicto, las familias cuentan con un elemento que consideran clave: la protección establecida por la Ley Nacional de Barrios Populares.
Según explicó la persona que acompañó el proceso de inscripción en el ReNaBaP, la normativa prohíbe los desalojos dentro de los polígonos incluidos en el registro hasta 2035. Bajo ese argumento, mientras el barrio permanezca dentro del polígono correspondiente, las familias estarían alcanzadas por esa protección.
Mientras tanto, los vecinos buscan un abogado que pueda asumir su representación colectiva, ya que no cuentan con recursos para afrontar los honorarios de un profesional particular.
También preparan una presentación ante la Defensoría del Pueblo, acompañada por los certificados del ReNaBaP y documentación destinada a demostrar que el barrio existía antes de las obras y proyectos desarrollados posteriormente en la zona.
Avip pidió el acompañamiento de la comunidad rosarina y de profesionales que puedan colaborar con las familias. “No nos queremos ir, no nos vamos a ir”, afirmó, y aseguró que continuarán reclamando “hasta el último momento”.
