La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un recurso del Gobierno contra la cautelar que exige actualizar los fondos universitarios. El jefe de Gabinete cuestionó la sanción de $100.000 diarios, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional reclamó que se incremente.
El Gobierno nacional obtuvo un avance judicial en la disputa por la ley de financiamiento universitario: la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una queja del Ministerio de Capital Humano y habilitó la revisión de una decisión vinculada con la cautelar que obliga al Estado a actualizar los fondos destinados a las universidades.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa de $100.000 diarios que le impuso el juez de primera instancia Martín Cormick por el incumplimiento de esa medida.
La presentación del Ministerio de Capital Humano cuestionó la decisión del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que había rechazado la posibilidad de apelar. Cormick había intimado al Estado a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.
Los representantes del Gobierno argumentaron que el magistrado no precisó qué obligaciones de la ley estaban pendientes de cumplimiento ni estableció con exactitud los montos necesarios para satisfacerlas. También sostuvieron que los aumentos salariales otorgados a docentes y no docentes universitarios cubrían la actualización prevista en la normativa.
Al conceder el recurso, los camaristas consideraron que la decisión cuestionada podía generar un perjuicio de imposible reparación ulterior.
Santilli busca frenar las sanciones económicas
En una presentación separada, Santilli pidió suspender la ejecución de las astreintes —multas económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial— hasta que se resuelva la apelación sobre el incumplimiento de la cautelar.
El funcionario cuestionó la atribución personal de responsabilidad y sostuvo que mantener las sanciones podría ocasionarle consecuencias patrimoniales de difícil o imposible reparación.
La apelación busca frenar el cobro de la multa diaria mientras continúa la discusión judicial sobre las obligaciones que debe cumplir el Estado en materia de financiamiento universitario.
Las universidades reclaman una multa mayor
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por su parte, solicitó que se incremente la sanción económica impuesta a Santilli. Consideró que los $100.000 diarios resultan insuficientes frente a los montos involucrados en la actualización de los fondos universitarios.
“La cifra impuesta como astreinte resulta absolutamente insuficiente para obrar como una conminación que pueda compeler al deudor a cumplir con su obligación”, sostuvo el organismo.
De esta manera, la disputa judicial continúa en dos frentes: el Gobierno busca revisar la cautelar y frenar las sanciones, mientras las universidades reclaman que se refuerce la presión económica para garantizar el cumplimiento de la normativa.
