El oficialismo de Rosario busca acelerar el tratamiento legislativo de la ordenanza que permitirá prohibir y regular la actividad de los cuidacoches en la ciudad, con el objetivo de aprobarla antes de fin de año. La iniciativa contempla la adhesión a la ley provincial y apunta a habilitar operativos conjuntos entre las fuerzas de control municipal y la Policía.
El concejal Fabrizio Fiatti, integrante del bloque oficialista Unidos, consideró urgente avanzar con la normativa para que el municipio pueda intervenir frente a situaciones de cobros indebidos, intimidaciones y otras conductas vinculadas a la actividad.
“Necesitamos tener la prohibición local para poder hacer cesar las conductas que molestan a los vecinos”, sostuvo el edil durante una entrevista en el programa Radiópolis, de Radio 2.
El proyecto fue enviado por el intendente Pablo Javkin al Concejo Municipal durante octubre. Establece una restricción general de la actividad, aunque reserva al Departamento Ejecutivo la posibilidad de autorizarla en determinados sectores y bajo condiciones o circunstancias específicas. También incorpora un componente de abordaje social.
Por qué necesitan aprobar la ordenanza
Fiatti explicó que la adhesión municipal es un requisito establecido por la legislación santafesina y la reglamentación del Ministerio de Seguridad para implementar la prohibición en Rosario.
Sin esa aprobación, el municipio no podrá formalizar el convenio necesario con la Provincia para coordinar los procedimientos y contar con la colaboración de la Policía.
“Si no tenemos esta herramienta, no vamos a tener la colaboración necesaria, que es lo que nos permite la ley”, explicó el concejal.
En ese sentido, remarcó que los agentes municipales de control tienen limitaciones operativas porque no constituyen una fuerza policial. Por eso, consideró que la coordinación con las fuerzas provinciales resulta fundamental para intervenir en la vía pública.
Un debate que quedó postergado
Aunque el Ejecutivo presentó el proyecto durante octubre, su tratamiento perdió impulso en medio de las discusiones en el Concejo por la regulación de las aplicaciones de transporte, como Uber y DiDi, cuya legalización ocupó buena parte de la agenda legislativa.
Ahora, el oficialismo pretende retomar la discusión y avanzar con la adhesión a la normativa provincial antes de que termine el año.
La iniciativa no plantea únicamente una prohibición general: también contempla posibles autorizaciones excepcionales en determinados espacios y circunstancias, además de medidas de acompañamiento social para abordar la situación de quienes desarrollan esa actividad.
