El negocio de la seguridad privada en Santa Fe enfrenta un escenario de fuerte dispersión de empresas, controles insuficientes y una competencia de precios que, según advirtió Raúl Kaufman, titular de Servicio Central de Vigilancia (SCV), esconde prácticas irregulares y posibles maniobras de evasión fiscal y previsional.
Durante una entrevista con Marcelo Fernández en el programa Con Sentido Común, por Radio Fisherton, Kaufman puso el foco en las dificultades para fiscalizar una actividad que reúne aproximadamente 200 empresas en la provincia, unos 8.000 vigiladores registrados y otros 2.000 o 2.000 y pico que trabajarían sin registrar.
En Rosario y su zona de influencia se concentra buena parte del sector: alrededor de 6.500 a 7.000 vigiladores registrados, según las estimaciones del empresario. Sin embargo, el problema central no pasa solamente por la cantidad de trabajadores y compañías, sino por la capacidad del Estado para controlar cómo funciona el mercado.
Controles insuficientes para un sector disperso
Kaufman explicó que la provincia cuenta con una Dirección de Agencias de Vigilancia encargada de habilitar y controlar tanto a las empresas como a sus trabajadores. Para obtener las autorizaciones, las compañías deben cumplir requisitos vinculados con sus titulares, seguros y documentación, mientras que los vigiladores deben acreditar antecedentes penales, condiciones físicas y demás exigencias.
Sin embargo, una cosa es habilitar y otra muy distinta es controlar el funcionamiento cotidiano de la actividad.
En ese sentido, señaló que en Rosario hay apenas tres o cuatro personas destinadas a fiscalizar entre 6.000 y 7.000 vigiladores y unas 100 o 120 empresas de la zona.
“No tienen recursos humanos, no tienen recursos económicos, hacen lo que pueden”, sostuvo. También destacó el trabajo de Karina Chumpitá, responsable del área, aunque remarcó que las limitaciones materiales condicionan seriamente las posibilidades de fiscalización.
La brecha de precios y las sospechas de evasión
Uno de los tramos más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con las diferencias de tarifas entre las empresas. Para Kaufman, cuando los precios se ubican entre un 30% y un 40% por debajo de los valores de mercado, existen razones que exceden las diferencias normales de estructura y costos.
El empresario describió dos mecanismos que, según denunció, algunas compañías utilizan para reducir artificialmente sus costos laborales.
Por un lado, mencionó la evasión directa de aportes y contribuciones a la seguridad social, con trabajadores no registrados, salarios abonados informalmente y falta de recibos.
Por otro, apuntó contra la utilización irregular de herramientas legales como los procedimientos preventivos de crisis y el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Estos instrumentos están previstos para situaciones en las que las empresas atraviesan dificultades económicas o disminuciones de actividad. Sin embargo, Kaufman sostuvo que algunas firmas del sector los utilizarían sin estar realmente en crisis y mientras continúan creciendo.
“Las empresas van creciendo a partir de esto porque ofrecen precios totalmente a una diferencia de un 20, un 30, un 35% más bajo que los que serían los precios de plaza”, afirmó.
También indicó que existen empresas denunciadas penalmente en tribunales federales de Buenos Aires y otras denunciadas ante ARCA en Santa Fe.
El cliente también puede quedar comprometido
Kaufman puso especial énfasis en la responsabilidad de quienes contratan los servicios de seguridad privada. Según explicó, aunque la nueva legislación laboral modificó la responsabilidad solidaria del comitente respecto del contratista, eso no elimina las consecuencias de una eventual evasión tributaria o previsional.
“El comitente es el que tiene que controlar”, advirtió.
En esa línea, explicó que la falta de aportes perjudica directamente al trabajador, que puede quedarse sin las contribuciones necesarias para su futura jubilación, pero también afecta al Estado y puede comprometer al cliente que contrata el servicio.
Incluso señaló que la evasión tributaria puede derivar en responsabilidades penales para quien contrata, dependiendo de las circunstancias.
Por eso, recomendó no analizar las ofertas únicamente por el precio: detrás de una tarifa considerablemente más baja puede haber irregularidades laborales y fiscales que terminen trasladando el problema al cliente.
Drones, inteligencia artificial y una nueva generación de vigilancia
Más allá de los problemas de fiscalización, Kaufman describió la transformación tecnológica que atraviesa la actividad. Con 35 años de trayectoria en el sector, recordó que la seguridad privada estuvo históricamente asociada a la presencia física del vigilador y a tareas de control de accesos y perímetros.
Ese esquema fue incorporando circuitos cerrados de televisión, sistemas biométricos, lectores de patentes, fibra óptica y herramientas inteligentes. Actualmente, la evolución avanza hacia una tercera generación tecnológica, con drones, ciberseguridad e inteligencia artificial.
En ese contexto, contó que SCV alcanzó un acuerdo comercial con Bantac, una empresa especializada en operaciones con drones, para ofrecer servicios de monitoreo permanente.
Se trata de dispositivos programados que realizan recorridos aéreos y también pueden operar a demanda. No son autónomos: requieren operadores habilitados por la ANAC para su utilización.
Los equipos cuentan con cámaras térmicas, infrarrojas y de alta definición, además de reflectores capaces de iluminar un área de aproximadamente 50 metros de diámetro ante la detección de un evento.
Sus aplicaciones no se limitan a la vigilancia: también permiten realizar mapeos tridimensionales, controles térmicos de maquinaria, mediciones volumétricas en terminales portuarias e incluso trasladar elementos.
Kaufman señaló que esta tecnología ya está operativa en distintos ámbitos y mencionó como ejemplo a FAdeA, la fábrica de aviones, donde trabaja la empresa con la que SCV mantiene el acuerdo.
La seguridad privada y una articulación pendiente con la Policía
Otro de los temas abordados fue la posibilidad de mejorar la coordinación entre las empresas privadas y las fuerzas de seguridad públicas.
Kaufman recordó que durante la gestión de Gonfatti se había firmado un acuerdo de colaboración entre el sector privado y el Gobierno provincial, que incluso contó con aprobación legislativa, pero que finalmente nunca llegó a ponerse en práctica.
Para el empresario, la seguridad privada no reemplaza a la seguridad pública, pero puede cumplir un papel complementario y colaborar con el Estado.
También aclaró que las empresas pueden contar con personal armado, siempre que cumplan con las habilitaciones correspondientes. En ese caso, intervienen controles nacionales sobre la tenencia y utilización del armamento, además de las autorizaciones provinciales para los vigiladores.
La entrevista dejó planteado un escenario con dos desafíos simultáneos: por un lado, una actividad que incorpora tecnología cada vez más sofisticada; por otro, un mercado con cientos de empresas, trabajadores sin registrar y una capacidad de control estatal que, según Kaufman, resulta insuficiente frente a la dimensión del negocio.
