Las nuevas herramientas legales para combatir el delito en Santa Fe abrieron un fuerte debate político y jurídico en la Legislatura. Después de cinco meses y 23 días de discusiones, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo, que consiguió 37 votos afirmativos contra 11 negativos. Para Martín Rosúa, diputado provincial de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de Seguridad, se trata de instrumentos necesarios para evitar que las organizaciones criminales vuelvan a ganar terreno.

En una entrevista con Marcelo Fernández en el programa Con Sentido Común, por Radio Fisherton, Rosúa defendió el contenido de las reformas, cuestionó las resistencias de sectores opositores y explicó los principales cambios que introduce la legislación.

“Hay muchos espacios políticos que tienen un problema ideológico con la seguridad. Cuando la seguridad, en vez de abordarla desde un punto de vista pragmático, la abordás con un sesgo ideológico, perdiste“, disparó.

El legislador consideró que las objeciones demoraron innecesariamente el tratamiento de un paquete que, según explicó, originalmente contemplaba 11 medidas, de las cuales 10 fueron aprobadas y una quedó pendiente para una discusión legislativa posterior.

“El Estado tiene que llegar antes”

Uno de los principales ejes de la reforma es la ampliación de las herramientas de inteligencia criminal. Rosúa explicó que el objetivo es dejar de actuar exclusivamente después de que se comete un delito y avanzar sobre el funcionamiento interno de las organizaciones narcocriminales.

“El Estado no puede llegar siempre cuando el delito violento sucede. Nosotros tenemos que llegar antes“, sostuvo.

En ese sentido, defendió la posibilidad de realizar inteligencia digital sobre bandas que utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y nuevas tecnologías para organizar sus actividades.

Sin embargo, remarcó que las intervenciones que afecten la intimidad de las personas, como la intervención de teléfonos o redes sociales, deberán contar con autorización judicial previa.

El Ministerio de Seguridad deberá presentar los fundamentos ante un juez, que tendrá la facultad de autorizar o rechazar la medida.

Para Rosúa, ese mecanismo establece un equilibrio entre la necesidad de investigar organizaciones cada vez más sofisticadas y el respeto por las garantías constitucionales.

Aislamiento total para los presos de alto perfil

El diputado identificó como una de las medidas más importantes del paquete el endurecimiento del régimen penitenciario para los presos de alto perfil que continúan ordenando delitos violentos desde las cárceles.

Recordó que la creación de esa categoría de detenidos había generado una reacción de las organizaciones criminales, que respondieron con homicidios, balaceras y ataques contra trabajadores y comercios para presionar al Estado.

Entre los episodios mencionó los asesinatos de un playero y de dos colectiveros, atribuidos a órdenes impartidas desde estructuras criminales.

Según explicó, el problema radica en que algunos jefes narcos condenados a prisión perpetua continuaban manejando sus organizaciones desde el encierro, utilizando intermediarios, abogados, parejas y allegados para transmitir órdenes.

“El preso de alto perfil que manda a cometer delitos violentos en la cárcel, a partir de ahora va a tener un régimen de aislamiento e incomunicación total“, afirmó.

Y justificó la dureza de la medida: “Nosotros como Estado no podemos decir que, por no restringirle derechos individuales a la comunicación, a la visita familiar, vamos a permitir que los tipos sigan matando”.

Allanamientos sin orden judicial: cuáles son los cambios

Otro de los puntos que generó mayor discusión es la ampliación de las excepciones que permiten realizar allanamientos sin una orden judicial previa.

Rosúa explicó que la regla general sigue siendo la autorización de un juez, pero que existen situaciones de urgencia en las que esperar una resolución puede frustrar un procedimiento.

Entre los cambios incorporados mencionó dos situaciones particulares.

La primera contempla el caso de una persona detenida en la vía pública con armas o explosivos cuando existen elementos que permiten presumir que puede tener un acopio de esos elementos en su domicilio. En ese supuesto, el procedimiento requiere autorización del fiscal y posteriormente debe ser validado por un juez dentro de las 24 horas.

La segunda excepción apunta a la recuperación de teléfonos celulares robados. Si la geolocalización permite determinar de manera precisa y sin margen de error el domicilio donde se encuentra el dispositivo, la Policía podrá ingresar para recuperarlo, con control judicial posterior.

“La seguridad no puede esperar“, argumentó el legislador, quien reconoció que parte de estas herramientas buscan resolver demoras que actualmente existen en el funcionamiento de la Justicia.

De todos modos, defendió la incorporación de controles, plazos y pautas objetivas para evitar que las nuevas facultades se utilicen de manera discrecional.

Más participación para las víctimas y protección de testigos

La reforma también incorpora modificaciones para evitar la revictimización y proteger a quienes aportan pruebas en investigaciones penales.

Rosúa explicó que se establece un mecanismo de anticipación probatoria para determinados casos, como los testimonios de menores víctimas de abuso sexual o de testigos expuestos a situaciones de peligro.

Hasta ahora, una persona podía declarar durante la investigación y, cuando el juicio llegaba dos o tres años después, debía volver a prestar testimonio. Esto podía generar una nueva situación traumática para las víctimas o poner en riesgo a testigos que podían haber sido amenazados.

Con el cambio, cuando la prueba se produzca bajo las formalidades establecidas, podrá utilizarse directamente durante el juicio sin necesidad de convocar nuevamente a la persona.

Derribar búnkers y recuperar inmuebles

Otro de los aspectos abordados fue la agilización de los procedimientos sobre propiedades vinculadas con el microtráfico.

El diputado explicó que la nueva normativa complementa la ley de microtráfico, que permitió a la provincia intervenir sobre inmuebles utilizados para la comercialización de drogas.

La modificación establece que determinadas medidas no irreversibles, como tapialar u ocupar un inmueble, podrán ser dispuestas directamente por el fiscal. En cambio, las decisiones irreversibles, como una demolición, requerirán intervención judicial.

Rosúa destacó que derribar un búnker no solamente permite quitarles infraestructura a las organizaciones criminales, sino también eliminar puntos de enfrentamiento entre bandas.

Además, señaló que existe la posibilidad de refuncionalizar esos inmuebles para destinarlos a escuelas, comedores comunitarios o centros de día, cuando las condiciones lo permitan.

La medida que quedó pendiente

No todas las iniciativas del Ejecutivo consiguieron avanzar. Una de las propuestas que quedó para un tratamiento legislativo posterior fue la creación de zonas de intervención especial.

La herramienta contemplaba la posibilidad de delimitar sectores particularmente afectados por la violencia narcocriminal y habilitar facultades policiales ampliadas, como controles de ingresos y egresos, allanamientos y detenciones por averiguación de antecedentes durante un plazo determinado.

Rosúa reconoció que se trata de una medida especialmente sensible, pero sostuvo que podría haber sido necesaria durante los momentos más críticos de violencia en Rosario.

“No le podemos dejar zonas liberadas al narcotráfico“, afirmó.

Explicó que la iniciativa será discutida por separado y deberá incorporar criterios objetivos, plazos definidos y controles judiciales.

“A los socios de las bandas hay que tratarlos como socios”

Sobre el final de la entrevista, Rosúa se refirió a la polémica entre el Gobierno provincial y sectores de abogados penalistas que cuestionaron las reformas.

El diputado distinguió entre los colegios profesionales, que representan institucionalmente a sus matriculados, y las asociaciones de abogados penalistas, entre cuyos integrantes —según afirmó— hay profesionales que defienden a jefes de organizaciones narcocriminales.

Sostuvo que es legítimo que los abogados ejerzan la defensa de sus clientes, pero cuestionó que esos sectores pretendan condicionar las decisiones legislativas en materia de seguridad.

También respaldó la necesidad de avanzar sobre el entramado económico que sostiene a las organizaciones criminales, más allá de perseguir a quienes venden drogas o ejecutan los ataques violentos.

En ese contexto, retomó las declaraciones del gobernador sobre la posible participación de profesionales en estructuras de lavado de activos y transmisión de información.

“Si había abogados que pasaban información de los jefes de las bandas al resto de las bandas, o contadores que les arman las estructuras económicas para realizar el lavado de los activos ilícitos, esos son socios y hay que tratarlos como socios, no como profesionales“, sentenció.

Para Rosúa, la lucha contra el narcotráfico requiere atacar tanto la estructura operativa como el circuito económico que permite sostenerla. Una estrategia que, a su entender, necesita herramientas legales más contundentes, controles institucionales y una decisión política de no retroceder frente a las organizaciones criminales.