CRISIS SANITARIA

Advierten que 6.000 clínicas y sanatorios podrían cerrar en Argentina: “El sistema está en luz roja”

Advierten que 6.000 clínicas y sanatorios podrían cerrar en Argentina: “El sistema está en luz roja”

El presidente de la Asociación Civil Salud Federal, Rodrigo Sánchez Almeyra, alertó en Radio Fisherton sobre la delicada situación financiera de las instituciones de salud, los atrasos en los pagos del PAMI y el riesgo que implica el fin de la emergencia sanitaria. También reveló una caída de hasta el 40% en los nacimientos y anticipó un profundo cambio en la estructura demográfica del país.

La red sanitaria argentina atraviesa una situación crítica. Alrededor de 6.000 clínicas y sanatorios de todo el país podrían quedar al borde del cierre si no se prorroga la emergencia sanitaria que vence el próximo 31 de diciembre. La advertencia fue formulada durante el sexto Encuentro Nacional de Salud Federal, que reunió en Rosario a representantes de 21 provincias, y expone una crisis que amenaza especialmente a las instituciones pequeñas y medianas del interior.

En diálogo con Marcelo Fernández, por Radio Fisherton, el presidente de la Asociación Civil Salud Federal, el doctor Rodrigo Sánchez Almeyra, explicó que el problema tiene raíces fiscales y financieras que se arrastran desde hace años, pero que se agravaron considerablemente en el último tiempo.

El profesional recordó que la emergencia sanitaria fue creada en 2002, después de la crisis económica de 2001, como un mecanismo para dar cobertura a las deudas fiscales acumuladas por clínicas y sanatorios. En 2006 se implementó una amplia moratoria a la que adhirió buena parte del sector, pero a partir de 2017 volvieron a multiplicarse los incumplimientos con el Estado nacional y las administraciones provinciales.

El vencimiento de ese régimen podría tener consecuencias devastadoras. Si desaparece ese paraguas legal, numerosas instituciones quedarían expuestas a embargos que les impedirían continuar funcionando.

Pero el frente fiscal no es el único problema. A esa situación se suma el deterioro financiero del PAMI, uno de los principales sostenes económicos de las clínicas del interior.

“Es una doble pinza la que está sucediendo sobre las clínicas y los sanatorios”, describió Sánchez Almeyra, al explicar que las instituciones deben afrontar sus obligaciones tributarias mientras padecen demoras y dificultades para cobrar por las prestaciones que brindan.

Según el titular de Salud Federal, el PAMI atraviesa un colapso económico-financiero que impacta directamente sobre sus pagos y contratos. La pérdida de empleos formales, la reducción de los salarios y la disminución de los aportes al sistema de seguridad social conforman, según su diagnóstico, parte de las causas de ese deterioro.

El problema adquiere una dimensión particular fuera de los grandes centros urbanos. La advertencia apunta a una extensa red de pequeñas clínicas distribuidas desde La Quiaca hasta Ushuaia, que deben sostener sus estructuras y costos con recursos cada vez más limitados.

Un reclamo que llega al Congreso

Frente a este escenario, el sector impulsa una reforma tributaria específica para las instituciones de salud, con el objetivo de establecer un tratamiento diferencial para una actividad considerada esencial.

Sánchez Almeyra adelantó que la discusión comenzaría en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación y destacó que la iniciativa cuenta, según indicó, con adhesiones tanto del oficialismo como de sectores de la oposición.

Sin embargo, advirtió que una reforma de esas características no tendrá resultados inmediatos. Por eso, las entidades reclaman una prórroga de la emergencia sanitaria hasta mediados de 2027, para evitar que el vencimiento del régimen desencadene embargos y cierres antes de que puedan implementarse nuevas herramientas de alivio.

La preocupación no se limita a los números de las instituciones. Detrás de cada clínica que deja de funcionar existe una comunidad que pierde capacidad de atención, especialmente en localidades donde la oferta sanitaria es reducida y las alternativas se encuentran a muchos kilómetros de distancia.

Menos nacimientos, menos servicios de obstetricia

Durante la entrevista también surgió otro fenómeno que comienza a modificar la estructura del sistema sanitario: la fuerte caída de la natalidad.

El presidente de Salud Federal reveló que, según los registros de las instituciones del sector, la cantidad de partos y cesáreas disminuyó entre un 30% y un 40% durante 2025, dependiendo de cada establecimiento. Esa reducción también repercutió sobre la ocupación de los servicios de neonatología.

El impacto ya provocó el cierre de servicios de obstetricia en distintas instituciones, especialmente en pequeñas localidades del interior. En aquellos establecimientos que todavía mantienen estas prestaciones, la reducción de la actividad ronda actualmente el 25%, según explicó el entrevistado.

La consecuencia es un círculo complejo: menos nacimientos implican menor demanda de servicios obstétricos y neonatales, pero también ponen en cuestión la sustentabilidad de estructuras que requieren personal especializado y costos permanentes para funcionar.

Una Argentina con menos chicos y más adultos mayores

La caída de los nacimientos también comienza a trasladarse a los servicios de pediatría y a otros ámbitos de la vida cotidiana. Sánchez Almeyra señaló que ya se observa una disminución importante de la atención pediátrica y que el fenómeno empieza a reflejarse incluso en los jardines de infantes.

La perspectiva a largo plazo plantea un desafío todavía mayor. Para 2050 podría producirse una transformación profunda de la pirámide demográfica argentina, con una mayor proporción de personas de más de 60 años.

El cambio obligará a repensar la organización del sistema de salud, sus recursos, sus especialidades y la capacidad de respuesta frente a una población con necesidades diferentes.

La entrevista dejó expuestas dos señales de alarma que avanzan en paralelo: un sistema sanitario que enfrenta dificultades para sostener su infraestructura y una transformación demográfica que modificará profundamente la demanda de atención.

Mientras las clínicas y sanatorios reclaman una respuesta urgente del Estado, la discusión ya no pasa solamente por evitar cierres. También está en juego la capacidad de garantizar servicios de salud en todo el territorio argentino, en un país que tiene cada vez menos nacimientos y una población progresivamente más envejecida.