EDUCACION SUPERIOR

Universidades de Santa Fe alertan que el presupuesto nacional pone en riesgo las clases en 2027

Universidades de Santa Fe alertan que el presupuesto nacional pone en riesgo las clases en 2027

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, advirtió que los fondos previstos por el Gobierno están entre un 30 y un 32% por debajo de lo que reclama el sistema universitario. El conflicto salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento profundizan la preocupación.

Las universidades públicas advierten que podrían tener dificultades para garantizar su funcionamiento durante 2027 debido a la falta de recursos previstos en el proyecto de Presupuesto Nacional. En Santa Fe, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, cuestionó la propuesta del Gobierno y alertó sobre las consecuencias que podría tener para el desarrollo de las actividades académicas.

“Corremos ciertos riesgos de poder funcionar de manera adecuada el año próximo”, sostuvo la autoridad universitaria, al señalar la diferencia entre los fondos contemplados por el Ejecutivo y los que reclama el sistema a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El escenario se suma al conflicto salarial que atraviesan docentes y no docentes, con medidas de fuerza en distintas universidades del país. Los gremios reclaman la recomposición de sus ingresos y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo por los salarios y las becas

Tarabella recordó que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada y promulgada hace más de un año, pero todavía no tiene cumplimiento efectivo. La normativa contempla, entre otros puntos, la recomposición salarial del personal docente y no docente y el financiamiento de las becas estudiantiles.

Además, señaló que existe una medida cautelar firme de la Justicia vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley, que hacen referencia a esos componentes.

La rectora reconoció la legitimidad de las medidas de fuerza impulsadas por los sindicatos y advirtió sobre el impacto del deterioro de los ingresos de los trabajadores.

“Es una razón justa, es decir, que el atraso salarial es manifiesto y la necesidad de esa recomposición”, afirmó.

Aunque las autoridades universitarias buscan evitar interrupciones en el calendario académico y garantizar la continuidad pedagógica, la persistencia del conflicto genera preocupación sobre el desarrollo de las actividades.

La diferencia entre los fondos reclamados y los previstos

Uno de los principales puntos de tensión está en el Presupuesto Nacional 2027. El CIN elaboró una propuesta, aprobada por unanimidad en su 96° plenario de rectores, que contempla las necesidades de financiamiento del sistema universitario.

Sin embargo, el proyecto del Poder Ejecutivo prevé 7,3 billones de pesos, mientras que las universidades reclaman 11 billones.

La diferencia supera el 30% y refleja, según Tarabella, la distancia entre los recursos considerados necesarios para sostener las instituciones y los que propone asignar el Gobierno nacional.

“Lo que presenta el Ejecutivo está entre un 30 y un 32% por debajo de lo que nosotros consideramos razonable”, explicó.

El cálculo del CIN no contempla solamente los gastos de funcionamiento, sino también actividades fundamentales como la extensión universitaria, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las becas estudiantiles.

La negociación en el Congreso

Ante este escenario, las autoridades universitarias intensificaron los contactos con legisladores y gobernadores para conseguir modificaciones durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

La discusión tendrá un capítulo importante el 25 de noviembre, cuando el proyecto llegue al recinto de la Cámara de Diputados. Para esa jornada, distintas organizaciones sindicales anticiparon nuevas medidas de fuerza y movilizaciones en defensa de la universidad pública.

Tarabella indicó que el CIN y su Comité Ejecutivo mantienen un seguimiento permanente de la situación y esperan que los representantes de las distintas jurisdicciones acompañen el reclamo durante el debate parlamentario.

La preocupación de las universidades está puesta en conseguir los recursos necesarios para sostener sus actividades durante el próximo año, en un contexto marcado por el atraso salarial, las dificultades presupuestarias y la incertidumbre sobre el cumplimiento de la legislación vigente.