El Gobierno de Santa Fe presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para implementar un sistema integral de protección de los derechos de las personas consumidoras. La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, busca reglamentar el artículo 32 de la Constitución Provincial, reformada en 2025, y saldar una deuda normativa que, según el Ejecutivo, mantenía a Santa Fe como la única provincia sin una legislación propia en la materia.
El texto está compuesto por 90 artículos y establece mecanismos para prevenir abusos, agilizar los reclamos administrativos y facilitar el acceso a la Justicia. Entre sus principales medidas contempla audiencias virtuales dentro de los 15 días hábiles, reglas específicas para los juicios de consumo y la incorporación de procesos colectivos, una herramienta que permitirá abordar demandas similares de manera conjunta.
La propuesta es resultado de un trabajo de articulación institucional entre el Poder Ejecutivo, el Consejo Económico y Social (CEyS), universidades nacionales y asociaciones de defensa del consumidor. La comisión especial encargada de elaborar el proyecto fue creada a fines de marzo de 2026 y contó con la participación de especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Católica Argentina (UCA).
También intervinieron organizaciones como la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (APRECO), Consumidores de la Era Digital (CED) y representantes del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.
El secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, explicó que la iniciativa responde a una decisión del gobernador y destacó que la nueva Constitución reconoce los derechos de los consumidores. Además, señaló que el proyecto ya fue presentado y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores.
Tres ejes para reformar el sistema
Cándido detalló que la propuesta se organiza alrededor de tres objetivos. El primero es la prevención, mediante la promoción de la educación para el consumo en las escuelas, el impulso del crédito responsable y la asistencia a personas que atraviesan situaciones críticas de sobreendeudamiento.
El segundo apunta a mejorar el sistema de reclamos administrativos. Para ello, se establecen mecanismos de conciliación con audiencias presenciales o virtuales dentro de los 15 días hábiles. La posibilidad de realizar gestiones digitales busca facilitar el acceso a soluciones y reducir la judicialización de los conflictos de consumo.
Según el funcionario, más del 60 % de las causas del fuero civil y comercial están vinculadas con esta problemática.
El tercer eje propone facilitar el acceso a la Justicia para quienes resulten afectados en relaciones de consumo. En ese marco, se incorporan los procesos colectivos y se contempla la participación de los municipios en las tareas de prevención y defensa de los derechos de los consumidores.
La iniciativa también incorpora disposiciones sobre transparencia digital, especialmente en el uso de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial durante la atención a clientes. Además, establece diferencias regulatorias entre pequeñas y medianas empresas y grandes compañías.
Protección digital y control de gestión
Entre otros aspectos, el proyecto prevé fortalecer la protección de los consumidores en entornos digitales, promover contenidos educativos en coordinación con el Ministerio de Educación y consolidar una red provincial de defensa del consumidor articulada con los gobiernos locales.
También establece mecanismos de rendición de cuentas sobre multas y acuerdos, con informes anuales que deberán garantizar transparencia en la gestión. Para las empresas, en tanto, plantea reglas previsibles, sanciones proporcionales y un reconocimiento a quienes cumplen con la normativa.
La directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz, destacó el consenso alcanzado durante la elaboración del texto y sostuvo que la propuesta busca ofrecer un camino de reclamo claro, rápido y gratuito para los ciudadanos.
Además, remarcó que la incorporación de herramientas digitales, la coordinación con los municipios y los juicios colectivos permitirán modernizar el funcionamiento del sistema y evitar la repetición de demandas por conflictos similares.