Una nueva mayoría en la Corte Suprema de 2025
En ese marco, en el objetivo de que los tres nombrados no integren más la Corte, el Ejecutivo no se pone plazos y no descarta nada. Comparte que la cosa está juzgada, que el tribunal sabe cuál es la intención del gobierno y se espera que obren y se retiren. No hay mucho más que eso. Y si en los despachos de la Corte se insiste con la canción del Dúo Dinámico, la situación está “a tiro de decreto”.
Sin embargo, Gutierrez es para el gobierno un caso particular. Porque – interpreta la Casa Gris – es el único cortesano en condiciones de ser sometido a un juicio político por su intervención y manifiesto poder de lobby en la causa Vicentin. A mediados del 2022, el actual presidente del tribunal reclamó, en soledad y sin consultar, el expediente del concurso, que se tramitaba en un juzgado de Reconquista, a través de un per saltum.
Rafael Gutiérrez, en la mira
El gobierno no tiene dudas que lo hizo para beneficiar a un estudio jurídico y al zar de los medios en Rosario Gustavo Scaglione, interesados en participar en un proceso de compra de la empresa. Otro de los que operó sobre él – según el Ejecutivo – es Juan Manuel Olmos, exvicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, en una visita a Santa Fe para presentar obras de ampliación para la cobertura de agua potable en la ciudad capital.
A medida que la Corte se desmiembra, se empieza a hablar de reemplazos en la política santafesina. Nadie quiere dar nombres por temor a que se quemen, pero el grueso de los partidos – las cabezas de Unidos y el PJ – tienen preferencias para ofrecer. El gobierno, por el momento, habla de “perfiles”.
Y en ese tren, se habla de “compromiso con la agenda del presente y futuro”, pago de ganancias y aportes al IAPOS (la obra social para el empleado público) de manera solidaria, como para arrancar. ¿Edades?, no más de 60 años, más condiciones naturales, como ser indiscutible técnicamente y profesar valores democráticos. Una vez que se definan dichas características, Pullaro entrará en diálogos formales con los partidos políticos y los bloques parlamentarios para garantizarse que los nombres que proponga obtengan un acuerdo mayoritario.