El artículo 96 de la Ley Bases es el eje de la reforma laboral que ideó Javier Milei. Incluso, fue una de sus propuestas en la plataforma electoral, cuando oficializó su candidatura para llegar a la Casa Rosada. Propuso por entonces un sistema de indemnizaciones distinto para los nuevos trabajadores y se basó en el modelo adoptado por la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), el único gremio que tiene vigente un fondo de cese laboral para la industria de la construcción.
¿Qué dice este artículo de la reforma laboral reglamentado hoy por el Gobierno?
“Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina”.
Actualmente, el modelo de la Uocra es el único que está vigente, aunque hay otros gremios interesados en reemplazar el sistema indemnizatorio. Uno de ellos es el de Camioneros, pero para aplicación exclusiva en Santa Fe. Pero también hubo consultas de Luis Barrionuevo, teniendo en cuenta la estacionalidad del empleo gastronómico y del sector turístico. El reemplazo de la indemnización tradicional por el fondo de cese requiere de un acuerdo previo entre el sindicato y la cámara empresaria.
El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad.
El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
En el caso de la Uocra se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado. El Gobierno pretende que entren en este sistema las compañías de seguros privadas.
Otros casos
Hay dos gremios interesados en seguir el modelo Uocra. Uno es el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que está a la espera de que la Secretaría de Trabajo le homologue su acuerdo con las cámaras empresarias. Sergio Aladio, el opositor a los Moyano que lidera la seccional de Santa Fe, pretende ahora acelerar en una reforma del convenio colectivo 40/89 que rige en el transporte automotor de cargas. Promueve la creación de un fondo de cese laboral exclusivo para los camioneros santafecinos que se nutriría del aporte del 3% mensual por parte de los empresarios. A ese fondo, que generaría interéses, se recurriría para afrontar parte del pago de una eventual indemnización.
“La indemnización se mantiene como lo establece la ley. El 3% del sueldo que hoy los empresarios lo destinan a la Federación Nacional [es decir, a Moyano] se destinaría ahora un fondo que servirá para hacer frente a las eventuales indemnizaciones, como si fuera un fondo solidario. Es diferente al de la Uocra porque no reemplaza a la indemnización. En Santa Fe hay 4650 empresas de transporte y el 92 por ciento de ellas no tienen más de cinco empleados. Esto es atractivo para generar más empleo y proteger a las pymes del sector. No hay quita de derechos”, explicó Aladio.
El otro proyecto en danza es el de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines (Uecara) del interior, que encabeza el dirigente cordobés Gustavo Rossi. “Se propone la creación de un Fondo Universal de Indemnización y Retiro, cuya principal función es realizar el pago, por cuenta y orden de las empresas constructoras, de las indemnizaciones establecidas por Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por las desvinculaciones de su personal excluido del ámbito de validez de la Ley 22.250″, explicó la Uecara, a través de un comunicado.
Y añadió: “Dicho Fondo se financiará con el aporte de las empresas en actividad, según esquema de adhesión a establecer, en porcentaje fijo sobre su masa salarial, inferior al 8.33%, a definir según estimaciones de antigüedad promedio y tasas de rotación y de despido del sector, de acuerdo con el modelo de simulación propuesto en el presente documento, que podrá converger en el tiempo al 8.33% a medida que vaya reduciéndose el costo de las indemnizaciones por la antigüedad previa al inicio del nuevo régimen”.
Fuente: lanacion.com.ar
