La decisión se tomó tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que generó una inmediata respuesta de estudiantes y autoridades universitarias, que terminó con la toma de varias casas de estudios en rechazo a la medida que tomó el Ejecutivo.
“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521”, señala el dictamen.
Hasta el momento, la tarea sólo podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo con rango constitucional que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional y que encabeza Juan Manuel Olmos.
